El juez rechaza la personación del PP en el Palma Arena y el partido recurrirá

El PP balear ha informado de que el instructor del "caso Palma Arena", el juez José Castro, ha rechazado en un auto la solicitud del partido de personarse como acusación particular en dicha causa, una decisión que la formación política ha dicho que acata pero que recurrirá por no compartirla.

El ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del PP balear en varias causas Ignacio Gordillo, está estudiando el auto por el que el juez Castro deniega la personación como acusación particular de dicha formación en el "caso Palma Arena", según ha informado el partido en un comunicado.

Gordillo se ha manifestado en desacuerdo con el fondo del auto judicial, del que no se ha dado trámite al Ministerio Fiscal, y anunciará la interposición de un recurso de reforma ante el propio juez, y posteriormente el de apelación, en el plazo legalmente previsto.

El abogado presentó el 13 de julio, ante el juzgado de instrucción número 3 de Palma, la solicitud de personación del PP balear en la causa porque el partido se considera perjudicado en la misma en relación a los presuntos indicios de financiación irregular del PP detectados por el juez Castro, así como por la supuesta existencia de "dobles contabilidades o cajas b".

Gordillo afirmó entonces que el PP "es el primer interesado, como partido, en dejar bien claro que está en contra de la corrupción" y de "cualquier irregularidad" por parte de sus afiliados.

En esta extensa causa se investiga, entre otras cuestiones, una posible financiación irregular del PP por el pago con fondos públicos de dos facturas por casi 5.000 euros por limpieza y servicios de seguridad del velódromo Palma Arena durante un mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, en mayo de 2007.

El auto del juez decretando la fianza de 3 millones de euros para el ex presidente Jaume Matas da cuenta de este presunto delito de financiación irregular, así como del pago de gastos electorales del partido a través de órganos del Govern y de un delito electoral por abonar con dinero negro servicios al partido.