La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó hoy la petición del que fuera juez instructor en Marbella Francisco Javier de Urquía para reingresar en el servicio activo de la carrera judicial, después de perdiese su plaza al ser condenado por del Tribunal Supremo a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros por su relación con la trama corrupta desarticulada en la Operación Malaya.

Según una nota hecha pública hoy, el órgano de gobierno de los jueces motiva esta decisión alegando 'la existencia de antecedentes penales como consecuencia de la condena firme' contra el magistrado, quien, por lo tanto, 'no reúne los requisitos que exigen la obtención de la rehabilitación para quienes resulten condenados por delito doloso'.

El Consejo aplazó su decisión sobre la petición de Urquía el pasado 12 de mayo cuando, precisamente, instó al juez a que remitiese un certificado de antecedentes penales, documento necesario para el trámite.

Según consta en un informe elaborado por el Servicio de Personal del Consejo, el magistrado envió la información relativa a sus antecedentes el pasado 19 de mayo, señalando que carecía de ellos con excepción de la condena del Supremo.

Además, en la misma información De Urquía aportaba otro certificado demostrativo de no encontrarse incapacitado física o psíquicamente para el desempeño de la función judicial y una declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad para este puesto.

Fue el pasado 16 de abril cuando este magistrado perdió de forma definitiva su plaza en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella en cumplimiento de la sentencia que le condenó a 21 meses de suspensión y al pago de una multa de 73.800 euros por un delito de cohecho que cometió al obtener dinero del fuera responsable del urbanismo de este municipio Juan Antonio Roca, a cambio de favorecerle en una instrucción.

En su escrito, De Urquía exponía al CGPJ que la suspensión del cargo a la que ha sido condenado ya está cumplida, dado que fue apartado provisionalmente de su cargo en julio de 2007, y la sentencia firme del Tribunal Supremo fue notificada el pasado 8 de abril.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron en dicha fecha que Urquía tiene pendiente otro tema ante la justicia, que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia, y por el que todavía pesa sobre él una suspensión cautelar de funciones.