El Gobierno andaluz convocó ayer a la prensa para denunciar lo que llamó “trampas” del PP en su obsesión por cazar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, e implicarlo en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Por el momento, el problema que tiene la Junta es que esas “trampas” no son sólo argumentaciones del PP, sino que la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso, ha pedido documentación a la Junta. La magistrada tiene abiertas tres  vías que apuntan a Griñán, según sus autos. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, se esforzó ayer en desmontar esas tres vías, que el PP sí impulsa escrito a escrito.

Una de ellas se refiere a los aumentos en el presupuesto del fondo previsto para ayudas sociolaborales, dotado entre 2001 y 2010 con 647 millones de euros, que Griñán gestionó cuando era consejero de Hacienda. Mientras el PP considera que los aumentos se hicieron para propiciar luego “pagos ilegales”, los servicios jurídicos de la Junta indicaron en unas alegaciones enviadas al juzgado de Alaya que “presupuesto y gasto son conceptos distintos”.

Gastos ilícitos

“Ni el Parlamento ni el Gobierno, al aprobar respectivamente el presupuesto y sus modificaciones, pueden prever que las partidas iniciales o modificadas van a ser gastadas en fines presuntamente no lícitos”. Los juristas del Gobierno añaden: “Poner el acento en la parte del presupuesto dedicada a la partida [destinada al pago de ERE] tratando de encontrar en ella una participación activa de los órganos encargados de su aprobación en la comisión de los presuntos delitos que aquí se investigan podría llevarnos a la absurda situación de considerar participantes del delito a todo el Parlamento (que aprueba el presupuesto) o a todos los que participan en las modificaciones presupuestarias”.

El Gobierno llevó también al juzgado la documentación que Alaya había pedido: todas las modificaciones presupuestarias de la partida para ERE, que ascienden a 48,2 millones, y las acompañó de los informes de la Intervención, que avalan la legalidad de esos aumentos en los fondos ERE.

Para la titular andaluza de Presidencia, la documentación aportada “deja meridianamente al descubierto la trampa procesal del PP para implicar al presidente” y demuestra claramente “que no hay relación alguna de Griñán con la gestión de los ERE”, ya que no se puede confundir “la generación de un crédito para un programa presupuestario con la concesión de una ayuda o subvención concreta”. Griñán no tiene responsabilidad en este caso “ni de lejos”, aseguró Moreno. “Está siendo injustamente sometido a un juicio paralelo”, agregó.

La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, respondió a Moreno que Griñán es hoy “más culpable, sospechoso y responsable que ayer, porque la Junta ha reconocido la aprobación de modificaciones presupuestarias “para gastos ilegales”.

Las otras dos “trampas”  de las que habló Moreno son, por un lado, “el intento de vincular [a Griñán] a través de las autorizaciones de endeudamiento de IDEA, [el ente instrumental de la Junta que pagaba los ERE tras recibir las órdenes de la Consejería de Empleo] confundiendo el endeudamiento, la petición de un crédito, con la concesión de ayudas a empresas”. La Junta recurrió esta petición de la jueza hace semanas, pero aún no ha recibido la respuesta, según indicó ayer Moreno.

Y por otro, la tercera vía, llamada “trampa” por Moreno, es la que tiene más débil defensa. La Intervención alertó en 2005 de que las ayudas para ERE se concedían prescindiendo del procedimiento previsto. Ese informe tenía que haber acabado en la mesa del consejero de Hacienda, entonces Griñán, pero no lo hizo, según su viceconsejera de entonces, la hoy consejera Carmen Martínez Aguayo, porque ella no se lo entregó.