"Hemos creado un monstruo". Quien así se expresa es un alto cargo del PP, preocupado por la deriva que ha adquirido el órgano de gobierno del poder judicial. Todo el poder está concentrado en una única persona, Carlos Lesmes, que reparte juego y nombramientos de la cúpula judicial sólo con la ayuda de una Comisión Permanente, elegida por el Pleno pero propuesta por él.

Fue la decisión política de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, quien reformó a uña de caballo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y arrastró a su partido a un modelo que concentra el poder en el presidente.

"Nunca en la historia de la democracia una única persona había acumulado tanto poder del Estado en sus manos". Quien así se expresa es un magistrado del Supremo, la más alta institución judicial de España. Ni siquiera un ministro o un presidente de las Cortes alcanza el poder adquirido por Lesmes.

Lesmes preside la Comisión Permanente, el órgano que ha acaparado todo el poder del Consejo, excepto de aquellas competencias que son indelegables del Pleno o que ellos acuerdan ceder al Pleno para que no haya enfados entre los vocales. Son cinco los restantes miembros de la Permanente: los jueces Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, María del Mar Cabrejas, así como los ex diputados Mercé Pigem -de Ciu- y Alvaro Cuesta, del PSOE, de diversas sensibilidades.

Los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa de la Permanente"Yo creí que iba a trabajar en política judicial y no en un parvulario". Así se expresa un vocal del CGPJ, asombrado por lo que está ocurriendo. El poder de Lesmes y de la Permanente es tal que los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorización expresa y previa.

Los vocales del CGPJ tienen rango de secretario de Estado, pero no pueden acudir al despacho para mantener reuniones con un ciudadano si la Permanente no autoriza antes el viaje. Incluso el vocal Enrique Lucas solicitó llegar dos días antes del Pleno mensual para así estudiarse la documentación del extenso Orden del Día, pero se lo han denegado.

El control llega hasta tal punto que las dos vocales ponentes del informe sobre la reforma del aborto -Pilar Sepúlveda y Carmen Llombart- tenían listos sus textos para refundir la ponencia y presentarla el 15 de marzo, como estaba previsto. Pero la Permanente decidió el jueves pasado solicitar un mes más de prórroga al Gobierno. Sepúlveda se enteró por la prensa de esa solicitud de prórroga. ¿Las razones? Las desconoce.

También causa asombro que en el último Pleno se negara a los vocales el acceso al expediente de unos magistrados expedientados, cuando era el Pleno el que tenía que aprobar o no la adopción de medidas disciplinarias sobre ellos.

[El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, al completo. Foto: CGPJ]

La última bronca ha sido la elección de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que ha recaído en Ángeles Carmona, una vocal cualificada para el puesto y propuesta por el PP, en lugar de Clara Martínez de Careaga, presidenta de la Comisión de Igualdad y, por lo tanto, la candidata natural para dirigir la respuesta judicial ante este fenómeno delictivo.

Cinco vocales han decidido solicitar un Pleno Extraordinario para, en sus palabras, "poner pie en pared" ante el poderoso control que está adquiriendo Lesmes y la Permanente. Es el caso de los vocales Sepúlveda, Martínez de Careaga, Roser Bach, María Victoria Cinto o Rafael Mozo.

Cinco vocales solicitan un Pleno Extraordinario para 'poner pie en pared' a esta situación

El poder de Lesmes abarca el control de las competencias del CGPJ, recortado con la reforma: la selección de jueces -a través de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo, y de los tribunales examinadores-; el nombramiento de las cúpulas del gobierno administrativo judicial de España; la disciplina de los jueces -con un Promotor de la Acción de la Justicia nombrado por el Pleno con su apoyo y que concentra competencias jamás vistas -; el refuerzo de un juzgado para que tengas medios suficiente e investigue una causa importante...

El 9 de marzo se cumplen tres meses de la elección de Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Se presentó ante la sociedad bajo las banderas del diálogo y la transparencia -en una rueda de prensa sin preguntas-, pero cada vez más voces de ambas instituciones denuncian lo contrario.

Los adjetivos se quedan cortos entre sus críticos: autoritario, alevoso, iluminado... En el Supremo algunos le han puesto el sobrenombre de "Tirano de la Ensenada", en referencia a la calle donde radica la sede principal del CGPJ (Marqués de la Ensenada de Madrid). Sus defensores hablan de su capacidad de diálogo y su aguante.

[Miembros del Consejo Editorial El Derecho. De izda a dcha, marcados con un círculo: Carlos Lesmes, José Luis Terrero y Ángel Juanes. Foto publicada en www.elderecho.com]El poder de la revista 'El Derecho'

Lesmes se ha rodeado de una guardia de corps compuesta por ex miembros de la revista El Derecho, bajo el control de su jefa de Gabinete, la también fiscal Ana Murillo quien está casada con Juan Manuel Cendoya, director de Comunicación del Banco de Santander.

El entorno familiar del nuevo secretario general del CGPJ, el magistrado José Luis Terrero Chacón, era accionista de esta editorial jurídica El Derecho hasta que la mayoría de las acciones se vendieron a la editorial Francis Lefebvre. Terrero era el coordinador editorial.

Es más, Lesmes era miembro del Consejo Editorial de El Derecho, al igual que Ángel Juanes, el actual vicepresidente del Tribunal Supremo. También colaboró con la editorial el vicesecretario general, José Luis de Benito, amigo de Antonio Camacho y pieza clave para decantar el apoyo del PSOE a este Consejo reformado.

"La mayoría de los nombramientos que se han producido en la cúpula judicial desde que llegó Lesmes han sido porque han colaborado con la revista El Derecho; porque tienen la especialidad de Contencioso-Administrativo, como Lesmes; porque han coincidido con el mismo preparador que él, o porque son de la misma promoción", destaca una fuente interna.

 Amenazas de despido y temor

Se atribuye a Ana Murillo el control absoluto de cuantas decisiones internas se adoptan en el Consejo, que abarcan desde el control de los letrados hasta obligar a las señoras de la empresa de limpieza a vestir chaqueta, pintarse y servir café a los vocales, o la comida en las reuniones de Lesmes... Con insinuaciones de amenaza de despido de quienes se oponían a servir.

Lesmes se rodeó también de la bandera de la austeridad. Pero ha creado el cargo nuevo de Jefe de Protocolo, que no existía en el Consejo y cuyas funciones las realizaba una funcionaria de nivel 16. Ahora se ha traído al jefe de protocolo del ministerio de Justicia, Camilo Ignacio Sigmal, de nivel 30.

Lesmes se rodeó de la bandera de la austeridad, pero ha creado el cargo de Jefe de Protocolo

El temor se ha extendido en la sede de Marqués de la Ensenada. Temor a que los correos profesionales y los ordenadores sean espiados -la jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ampararía-, porque Lesmes se pone nervioso con las filtraciones que se están produciendo desde dentro de la institución. Y temor a que los empleados laborales sufran una regulación de empleo, como sufrieron las secretarias eventuales. Una de ellas fue despedida a pesar de atravesar por una grave enfermedad.

El constituyente definió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un órgano colegiado compuesto por 20 vocales: 12 jueces y magistrados y, el resto, nombrados directamente por el Parlamento. Pero se ha convertido en una institución centralizada en una persona y su guardia de corps.

El autor de esa reforma fue el propio Lesmes, quien ha llegado a decir en privado que, si fuera por él, reformaría la Constitución para hacer desaparecer al CGPJ, según aseguran fuentes del Supremo.

Algunos altos cargos del PP reciben estas señales de alerta con preocupación y apostillan: "hemos creado un monstruo con la reforma".