Los líderes europeos presionarán hoy a Alemania para rescatar a Grecia

Los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona redoblarán hoy la presión sobre Alemania para que acepte aprobar un mecanismo de rescate para Grecia consistente en préstamos bilaterales coordinados en caso de que se agrave su crisis de endeudamiento. La resistencia de Berlín a ayudar financieramente a Atenas frenó de momento este miércoles la convocatoria de una cumbre extraordinaria del Eurogrupo para formalizar el plan de asistencia, como habían pedido Francia y España.

Las disputas entre los países de la eurozona han provocado que "todo llegue abierto" a la cumbre de líderes europeos que comienza hoy en Bruselas, según explicaron fuentes diplomáticas. No obstante, tanto la Comisión como la presidencia española confían todavía en que Alemania ceda ante las presiones y acabe apoyando el rescate a Grecia después de haber visto que la indefinición de la UE provocó este miércoles nerviosismo en los mercados y una nueva caída del euro, que marcó su mínimo en 10 meses frente al dólar.

"No se hace sólo por solidaridad, también por la estabilidad de la eurozona", dice Barroso

De hecho, el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, pidió "responsabilidad" a Berlín en el debate sobre la aprobación del plan de rescate para Grecia porque a su juicio está en juego la estabilidad de la eurozona.

"No hacemos esto sólo por solidaridad con un Estado miembro, lo hacemos también por responsabilidad hacia la estabilidad de la eurozona. Interesa sin duda a Grecia, pero interesa también a la eurozona en su conjunto, garantizar que haya una decisión sobre esta cuestión", resaltó el presidente del Ejecutivo comunitario al ser preguntado por si la oposición germana pone en riesgo la estabilidad de la eurozona.

La canciller Angela Merkel, que está pendiente de las elecciones en el estado federado de Renania en mayo y debe hacer frente a la impopularidad de las demandas de Atenas entre el electorado alemán, ha impuesto condiciones estrictas para aceptar el rescate de Grecia, que en su mayoría han sido aceptadas por el resto de socios de la eurozona. En primer lugar, la aprobación del mecanismo de préstamos bilaterales no supondrá su activación inmediata, sino que cuando necesite el dinero Grecia deberá pedirlo y el resto de países aprobarlo.

Participación del FMI en el rescate

Además, tanto la Comisión como los Gobiernos han aceptado la participación en el rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que al principio consideraban que pondría en riesgo la credibilidad de la eurozona. El FMI permitirá "ahorrar" a los países de la eurozona en sus contribuciones a Grecia, según fuentes diplomáticas. El Fondo podría aportar un tercio del total de la ayuda y los países de la eurozona los dos tercios restantes.

No obstante, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, destacó que aunque el FMI contribuya el mecanismo debe tener "un liderazgo europeo y unas condiciones políticas decididas por la UE".

La tercera de las condiciones que quiere imponer Alemania es la que provoca mayores problemas. El Gobierno de Berlín quiere endurecer en el futuro las sanciones contra los países que incumplan los límites de déficit y deuda, hasta llegar a su expulsión de la eurozona en los casos más graves. Pero la Comisión y el resto de socios lo rechazan porque no quieren reformar de nuevo los Tratados.

El mecanismo estará dotado con alrededor de 22.000 millones de euros, que se prestarán a Grecia al tipo de interés medio de la eurozona, muy inferior al que paga ahora el Gobierno de Atenas por sus emisiones de deuda, de más del 6%, según explicaron fuentes europeas. Todavía se debate cuál será la aportación de cada país, aunque se ha especulado con que el reparto podría basarse en la participación en el capital del Banco Central Europeo (BCE) o en el PIB. Las fuentes consultadas explicaron que, una vez puesto en marcha, podrá utilizarse para otros países que tengan problemas similares a los de Grecia, aunque las ayudas deberán autorizarse caso por caso.

Estrategia 2020

La discusión sobre Grecia eclipsará el que estaba previsto que fuera el punto principal en la agenda de la cumbre de primavera y una de las prioridades de la presidencia española: la nueva estrategia de reformas económicas de la UE de aquí a 2020, con las que se pretende recuperar un crecimiento anual del 2% del PIB tras el desplome provocado por la crisis económica y financiera.

Pero tampoco hay acuerdo entre los líderes europeos sobre los cinco objetivos económicos que ha propuesto Bruselas para los próximos 10 años, según las fuentes consultadas. En primer lugar, la Comisión pide aumentar la tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años del actual 69% al 75% en 2020. También aboga por incrementar el nivel de inversión en I+D hasta el 3% del PIB.

El Ejecutivo comunitario quiere además incluir en la estrategia económica los objetivos ya acordados de lucha contra el cambio climático: reducción de las emisiones del 20%, ahorro energético del 20% y cuota de renovables del 20%. El cuarto objetivo que propone Bruselas tiene que ver con la educación y consiste en reducir la tasa de abandono escolar del 15% de media actual (en España el doble) a menos del 10% de aquí a 2020, y en aumentar la cuota de población entre 30 y 34 años que ha completado la educación terciaria (tanto la universitaria como la no universitaria) del 31% al 40%.

El indicador más novedoso que crea la Comisión tiene que ver con la pobreza. El Ejecutivo comunitario quiere que en los próximos años el número de personas que viven en la UE por debajo del umbral de la pobreza se reduzca en 20 millones, un 25% del total actual.

La mayor parte de las delegaciones cuestionan este objetivo de pobreza, porque consideran que es muy difícil de cuantificar.

El otro indicador que crea mayor polémica es el de la educación, ya que algunos países federales como Alemania alegan que las competncias están repartidas entre diferentes niveles de la administración y piden más tiempo para debatirlo. Otros Gobiernos como el británico consideran que ninguno de los objetivos recoge las reformas necesarias para mejorar la competitividad y reclaman un indicador específico en esta materia.