El grupo español Marsans y el Gobierno de Cristina Fernández presentaron hoy sus valuaciones de Aerolíneas Argentinas, con lo que se dio inicio formal al proceso de negociación para la venta de la compañía al Estado argentino.

"Fue un round de estudio", dijeron a Efe fuentes del grupo español para definir en términos boxísticos la reunión "exploratoria" en la que cada parte dijo cuánto es, a su criterio, lo que valen Aerolíneas y sus subsidiarias.

Las cartas sobre la mesa fueron puestas en coincidencia con el vencimiento del plazo de 60 días hábiles que el Gobierno y Marsans habían fijado en un acta acuerdo firmada el pasado 17 de julio como período para negociar la compraventa de la firma.

De todos modos y pese a que hoy no se suscribió una prórroga a ese acta, para Marsans el documento "sigue en vigencia", pues "hay una voluntad de negociación".

"Es un acuerdo de parte y mientras ninguna de las partes denuncie que se ha roto el acuerdo, el acta sigue en vigencia", explicó a Efe el gerente de Asuntos Públicos de Aerolíneas y representante de Marsans en el directorio de la línea área, Jorge Molina.

El "segundo round" de este encuentro de negociación con final abierto será mañana, miércoles, como continuidad de una cita realizada hoy en el Ministerio de Planificación entre directivos de Marsans y el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, cuyos portavoces dijeron a Efe no tener detalles sobre la reunión.

De momento, los técnicos de ambas partes se abocarán a estudiar los números de las valuaciones realizadas por el Credit Suise, encomendada por el grupo español, y por el Tribunal de Tasaciones de Argentina, que realizó ese trabajo para el Estado argentino.

Fuentes próximas a la negociación consultadas por Efe confirmaron que el informe del Credit Suisse calcula el valor de Aerolíneas entre 250 y 400 millones de dólares.

Sin embargo, para el Tribunal de Tasación, según medios locales, la compañía tiene un valor negativo de 600 millones de dólares.

Si Marsans y el Gobierno no llegan a un acuerdo por el precio, tendrán que recurrir a la tasación de un tercero cuyo dictamen sería inapelable.

El grupo español ha insistido en que si el precio final de Aerolíneas no le convence, estudiaría retomar la gestión de la compañía, mientras altos funcionarios del Gobierno se han pronunciado a favor de no pagar ni un dólar por la empresa.

En este contexto, una asamblea de accionistas de Aerolíneas celebrada hoy aprobó por mayoría los estados contables de la firma al 31 de diciembre de 2007, con una pérdida neta de 80 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) y la gestión de sus directores, con el voto en contra del Estado argentino -propietario del 5 por ciento de las acciones- y de los trabajadores.

En cuanto al balance de corte de 2008, que abarca hasta el pasado julio, la asamblea aprobó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 12 de noviembre, apuntó Molina.

Durante la asamblea, decenas de trabajadores de Aerolíneas se manifestaron frente a la sede de la empresa, convocados por sindicatos oficialistas, en demanda de su regreso a control estatal.

Ricardo Fresia, líder del sindicato de aeronavegantes, advirtió que los trabajadores boicotearán a las compañías españolas de transporte aéreo que operan en Argentina, si Marsans traba el paso de Aerolíneas al Estado.

"Los gremios están en alerta. Aquí solo se abre un paréntesis. La negociación se va a tornar una discusión política", afirmó Rodolfo Casalli, uno de los representantes del Estado en el comité ejecutivo que actualmente maneja Aerolíneas.

Directivos de Marsans han denunciado insistentemente que las injerencias de los sindicatos en la gestión de Aerolíneas y sus frecuentes huelgas fueron determinantes para los malos resultados de la empresa.

Desde que en julio el Gobierno y Marsans acordaron nombrar un comité de transición para gestionar la aerolínea, el Estado ha desembolsado cerca de 310 millones de pesos (100 millones de dólares) para garantizar la continuidad operativa de la compañía, que tiene 9.300 empleados y casi la mitad de su flota inactiva por falta de mantenimiento.

Por su parte, el Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aportó 753 millones de dólares a Aerolíneas en 2001, cuando se cerró la compra de la firma por parte de Marsans.