En las masacres de Hula, una localidad siria de mayoría musulmán suní, murieron al menos 165 personas, medio centenar más de lo que se creía hasta ahora, y gran parte de las víctimas eran mujeres y niños que fueron ejecutados de forma horrenda en sus casas, algunos a tiros y otros con armas blancas.

La comisión creada por la ONU para investigar los crímenes perpetrados en Siria reveló hoy en Ginebra detalles desconocidos de las masacres de Hula, uno los episodios más espantosos de la violencia política en Siria, y que es visto como el punto de inflexión para los combatientes del régimen de Bachar Al Asad.

Ocurrido el pasado 25 de mayo, la comisión considera lo más probable es que su autoría recaiga en fuerzas del Gobierno o próximas a él.

En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrada hoy en Siria, los comisionados presentaron un informe actualizado de sus indagaciones, en el que señalan que no pueden descartar de manera definitiva que los responsables hayan sido milicianos apoyados por el Gobierno, fuerzas opositoras o grupos externos de filiación desconocida.

"Con la evidencia disponible, la comisión investigadora no puede descartar cualquiera de esas posibilidades", menciona el documento presentado por su presidente, el brasileño Paulo Pinheiro.

Sin embargo, después de analizar una serie de elementos relativos a la superioridad del armamento y, sobre todo, de acceso a los tres distintos puntos donde las matanzas tuvieron lugar en un lapso de 24 horas, el equipo de Pinheiro considera "improbable" que los grupos antigubernamentales sean los culpables.

Agrega que "aunque no puede determinar la identidad de los responsables", considera que "fuerzas leales al Gobierno pueden ser responsables de muchas de las muertes" y adelanta que continuará con su investigación hasta el fin de su mandato, previsto para septiembre próximo.

Hula se encuentra a 30 kilómetros al noroeste del bastión rebelde de Homs y está compuesta por tres poblados principales con un total de 100.000 habitantes, la mayoría suníes, aunque está rodeada de poblados chiítas y alauís, la minoría a la que pertenece el presidente Asad y la clase dirigente.

El episodio más macabro del día de la masacre corresponde al asesinato de medio centenar de civiles, la mayoría de ellos pertenecientes a una misma familia, y al que ese misma jornada por la noche siguió el de entre trece y quince miembros de otra.

Los entrevistados que llegaron al lugar de la primera masacre "describieron escenas horrendas, con grupos de mujeres, niños y niñas acurrucados en la esquina de los salones de las casas", según relata el informe.

La mayoría de víctimas recibieron disparos a corta distancia en la parte superior del cuerpo y la sangre visible en las paredes indicaba que muchos estaban de pie cuando recibieron los tiros, mientras que otras fuentes han descrito escenas de cuerpos yacentes fuera de las casas o por las calles.

Asimismo, el informe revela que en esos asesinatos también se utilizaron armas blancas, incluso hachas, y menciona la presencia de cuchillos con una inscripción propia de la comunidad chiíta, aunque la comisión investigadora aclara que la evidencia visual que examinó a este respecto no es concluyente.

El documento también saca a la luz múltiples declaraciones que indican que tras las matanzas las casas de las víctimas fueron saqueadas.

Aunque sobre la autoría de los crímenes la comisión de la ONU no emite una conclusión definitiva, observa en general que el acceso a los lugares donde los asesinatos tuvieron lugar podía ser más fácil con el consentimiento de las fuerzas leales del Gobierno, que podían controlar las entradas a los poblados, aunque no en su totalidad.

Asimismo, apunta que la población de Hula en general, pero particularmente la de los barrios donde ocurrieron las masacres, parecía más alineada con la oposición que con el Gobierno y los restos de las víctimas fueron llevados luego a áreas controladas por los primeros, donde los heridos fueron atendidos y los muertos enterrados.