El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada lado de la puerta. En este caso, durante su paso por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora, estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de atención primaria de su área de influencia.

El caso de Güemes se suma a la lista de exconsejeros y altos cargos de la sanidad madrileña que hoy forman parte de las principales empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Güemes sigue el ejemplo del también exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, que forma parte de Madrid Medical Center, una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" que está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad, Clínica La Luz, MD Anderson o Clínica La Luz.

Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladad a Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), que resultó deficitario. También en el País Valencià existe el caso de Manuel Marín, que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete años después, lo contrató como director del departamento de salud.

Güemes sigue el ejemplo de Manuel Lamela, vinculado a empresas concesionarias de la privatización sanitaria

Pero la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios, también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz, hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad. "Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña.

Elena Arias, actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a un error material", informa Europa Press.

Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido a Público dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el grupo privado, informa Efe. "Son bulos y panfletos falsos que cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.

Equo e Izquierda Unida, contra las 'puertas giratorias'

A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero adeuda más de 4.000 millones".

Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.