Diez años después de la entrada en vigencia de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonales se calcula que estos artefactos aún constituyen una amenaza real en 70 países, mientras que en 25 existen bombas de dispersión (llamadas también de racimo) y municiones sin estallar.

Según los últimos datos globales disponibles, divulgados por Unicef, 5.426 personas murieron o fueron heridas en 2007 por el estallido de minas u otros aparatos explosivos abandonados.

De ellas, el 30 por ciento fueron niños, que suelen confundir esos aparatos con juguetes, lo que explica que 6 de cada 10 víctimas mortales resulten ser niños, varones en su gran mayoría, indicó el organismo de Naciones Unidas.

La buena noticia es que, aunque todavía son muchas, hay una tendencia constante a una disminución en el número de víctimas, importantes áreas han sido limpiadas y se utilizan ahora con fines productivos y 42 millones de minas que estaban almacenadas han sido destruidas.

Las lesiones más corrientes que originan las minas son la pérdida de brazos o piernas, de la vista y de audición, todas ellas situaciones que llevan a una discapacidad permanente y que requieren atención inmediata y a largo plazo, de las que generalmente se carece.

La organización "Campaña Internacional para la Prohibición de Minas", cuyo trabajo ha sido reconocido con el Premio Nobel de la Paz, instó a todos los Estados a adherirse a las convenciones contra las Minas y contra las Bombas de Racimo, estas última adoptada el año pasado.

Aceptar esos instrumentos jurídicos supone un compromiso legal de los gobiernos de cesar en el uso, almacenamiento, producción y transferencia de ambos tipos de explosivos.

Asimismo, implica la destrucción de sus reservas, la limpieza de las zonas afectadas, la ayuda a los Estados de escasos recursos a hacerlo y la asistencia a los supervivientes, sus familias y comunidades.

La entidad incidió en que la Convención de Ottawa obliga a los Estados a que limpien las zonas minas y no a que simplemente las cerquen o a que limpien las zonas de mayor peligro.

Recordó que gracias a la condena generalizada que actualmente provoca el uso de minas, "sólo dos gobiernos, el de Birmania y Rusia, y un puñado de grupos armados irregulares las han empleado en los últimos años".

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recordó que, una década después de la entrada en vigor de la Convención contra las minas, este año se vence el plazo para que varios países concluyan con el desminado y algunos que todavía no lo han completado realizan esfuerzos en ese sentido.

El organismo humanitario consideró que en la segunda Conferencia de los 156 Estados parte de la Convención de Ottawa, a realizarse en Cartagena (Colombia) del 30 de noviembre al 4 de diciembre, los países concernidos deberán renovar su compromiso con el desminado de sus territorios lo antes posible y con la protección de las víctimas.

En esa reunión internacional, los Estados que han suscrito y ratificado ese acuerdo lo revisarán de manera integral y evaluarán su nivel de cumplimiento.