Los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de la Unión Europea estaban decididos el sábado a enfrentarse por una ambiciosa reforma de la supervisión financiera de la Unión Europea que otorgaría más poder al Banco Central Europeo (BCE) en detrimento de los organismos nacionales.

Se espera que Reino Unido lidere la oposición a dotar al BCE de más competencias, temiendo que los poderes de supervisión europeos en manos del BCE pudieran golpear a la City londinense, el mayor centro financiero europeo y fuente importante de ingresos para la Hacienda británica.

Pero Francia y Alemania quieren una supervisión más estricta de las grandes instituciones financieras que operan dentro de las fronteras de la UE para prevenir una futura crisis bancaria que podría dañar el bloque comunitario.

Los lideres de la UE dieron total prioridad a la reforma, que apunta a corregir deficiencias de supervisión pasadas que se sumaron a una crisis global del sector financiero, estableciendo como fecha límite el final de 2009 para tomar decisiones políticas para revisar el sistema actual.

La UE, formada por 27 naciones, tiene una amalgama de sistemas nacionales de supervisión que van por detrás de un mercado único de capitales dominado por bancos multinacionales como Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander y HSBC.

El antiguo gobernador del Banco de Francia Jacques de Larosiere ha propuesto una aproximación en dos niveles que erosionaría la soberanía nacional mediante la creación de un nuevo consejo paneuropeo encabezado por el BCE que supervisaría el riesgo sistemático y supondría un gran cambio respecto a la red actual.

El consejo de riesgos paneuropeo podría pedir formalmente a los ministros de finanzas del bloque que actúen contra un estado miembro cuya respuesta a una advertencia de riesgo del consejo sea inadecuada.

Un segundo nivel sería establecido por supervisores nacionales de bancos, aseguradoras y activos para la supervisión de prevención diaria, con un último recurso en la imposición de medidas por un supervisor nacional.

La nueva estructura, tal y como ha sido esbozada por De Larosiere, conllevaría cierta pérdida de soberanía nacional.

"Yo anticiparía que habrá más dificultad en el segundo nivel cuando vayamos al duro trabajo de plantear propuestas legislativas", dijo a los periodistas el comisario de Mercado Interior de la UE, Charlie McCreevy.

Reino Unido, de todos modos, solo quiere un organismo europeo cuyas decisiones no sean vinculantes para los miembros de la unión.

"Creemos que el BCE tiene que jugar un papel importante en el fortalecimiento y la mejora de la supervisión, pero el papel concreto tiene que ser determinado todavía", dijo a Reuters Paul Myners, secretario de Estado británico de Servicios Financieros.

La Comisión Europea presentará unas líneas generales para convertir la propuesta de De Larosiere en ley europea en una cumbre de los líderes de la unión en junio, detallando la propuesta legislativa en otoño.

Los líderes europeos quieren de De Larosiere sea la referencia para la reforma en su cumbre de diciembre.

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, dijo que el sistema actual es inadecuado y que el borrador del órgano ejecutivo de la UE tendría en cuenta las ideas de De Larosiere.

Aún no hemos tomado una decisión, pero estará muy cerca de las propuestas de De Larosiere", dijo Barroso a Reuters.

"En algunos casos vamos a ser incluso más ambiciosos", dijo Barroso. La Comisión que saltarse el calendario de tres años de De Larosiere y tener un nuevo sistema en 2010.

"Vamos a hacer nuestras propuestas y veremos después si los estados miembros las aceptan o no. Creo que se puede encontrar una solución (para Reino Unido)", afirmó Barroso.

"Confío en que los principios generales serán adoptados", sentenció.

El mes pasado, la UE aprobó una ley para reformar el sector asegurador pero con el coste de renunciar al elemento vertebrador de una aproximación europea a establecer unos requisitos de capital que habrían dado poder de control a los reguladores nacionales sobre las compañías.

Esta medida iba demasiado lejos para casi la mitad de los estados.