El magistrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y representante del Foro Justicia y Discapacidad, Pío Aguirre Zamorano, ha subrayado que el 5,9% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de maltrato, frente al 3% del resto de mujeres, según datos de un informe con cifras correspondientes a 2010, lo que significa que "las mujeres con discapacidad sufren el doble de malos tratos que el resto".

Así, durante la presentación del libro Mujer, discapacidad y violencia, realizado con la colaboración de instituciones y asociaciones que integran el Foro,  Aguirre Zamorano ha destacado que se deben "tomar ciertas medidas y hacer algo" antes esta situación.

El magistrado vocal del CGPJ ha explicado que el tema del libro nace ante "toda la violencia que sufre la mujer en España" y ha lamentado que "últimamente se esté atravesando una mala racha". Concretamente, ha criticado que "muchas veces la discapacidad aumenta la violencia hacia las mujeres".

Por su parte, la magistrada secretaria del Foro Justicia y Discapacidad, Rocío Pérez-Puig, ha denunciado la falta de datos estadísticos que recojan el número de mujeres con discapacidad, física o intelectual, que sufren algún tipo de violencia o abusos por parte de sus parejas o exparejas, así como por parte de sus cuidadores, de las personas que de su entorno, de su familia y de las instituciones,  

Asimismo, Pérez-Puig ha destacado que otra de las finalidades del texto es "visibilizar" el fenómeno de la discapacidad y "señalar" que es la propia sociedad la que pone barreras a la discapacidad. Además, ha indicado que se distribuirá entre todos los jueces e instituciones que forman parte del Foro con el objetivo de "sensibilizarlos en esta materia".

La magistrada secretaria del Foro Justicia y Discapacidad ha expuesto que los datos por los que se produce un mayor número de casos de violencia entre este colectivo de mujeres se debe a "la todavía percepción de la realidad existente de que el hombre es superior a la mujer y a que a las personas con discapacidad se las siguen viendo distintas en la sociedad".

Además, el magistrado vocal del CGPJ ha asegurado que una de las principales "luchas" del Foro es "extender a todos los colegios de abogados de España los turnos de oficio especializados en discapacidad". También ha manifestado que tratan de "influir sobre los Ejecutivos para que legislen sobre la discapacidad".

Aguirre Zamorano ha indicado también que el Ministerio de Justicia está estudiando, en un anteproyecto de ley, la adaptación de la legislación española a la Convención de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. "Nosotros tratamos de influir en ello para que salga lo mejor posible porque estamos en un momento clave de adaptación de las leyes a la Convención", ha expresado.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

Por otro lado, ambos magistrados han dado a conocer los finalistas de la sexta edición de los premios del Foro Justicia y Discapacidad, seleccionados por la labor realizada "en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y por su integración".

Así, este año los premiados son Ramón Coral Beneyto en la categoría a la trayectoria personal, por su "empeño en dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y contribuir a su calidad de vida y a la defensa de sus derechos", a través de la Fundación Aprocor y la Fundación TUYA.

En el apartado de 'actuación empresarial', la seleccionada ha sido la compañía Repsol por su "implicación en la integración social y laboral de las personas con discapacidad", a través de la puesta en marcha de programas de inserción social y para la sensibilización sobre la discapacidad. Además, la Fundación Bertín Osborne ha recibido el premio de 'comunicación social' por su compromiso con los niños que sufren lesiones cerebrales.

Por último, la Fundación Carmen Pardo-Valcárce ha sido galardonada en  la categoría de 'institución', con motivo de su implicación en la creación, junto con la Guardia Civil, de la Guía de intervención policial con personas con discapacidad, así como la puesta en marcha de una unidad de atención a víctimas de abusos sexuales con discapacidad intelectual.