La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una ambiciosa reforma del sistema sancionador. Entre las nuevas medidas que piensa implantar la DGT hay una muy llamativa: el moroso que no pague al menos dos sanciones graves o muy graves no podrá renovar el carné de conducir o vender su vehículo hasta que abone la multa. 

Según los cálculos de la DGT, el 30% de las aproximadamente tres millones y medio de multas de Tráfico que se imponen cada año nunca se llegan a pagar, un porcentaje que aumenta al 75% en el caso de las infracciones de circulación denunciadas por los ayuntamientos.

El 30% de las multas que impone la DGT no se pagan

La DGT tiene en su "lista negra" a 45 conductores que ostentan en su historial más de 50 sanciones firmes cada uno. Se dan casos "sangrantes", como un conductor que acumula ya 92 sanciones firmes que no ha pagado, u otro que ya debe a Tráfico 30.000 euros, entre multas firmes y en trámite.

Entre todos los cuerpos policiales dedicados a la seguridad vial que existen en España -Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales- se imponen cada año unas quince millones de multas de tráfico.

El procedimiento administrativo actual, farragoso y largo, es aprovechado por miles de morosos para eludir el pago de forma casi indefinida. Si la DGT consiguiera cobrar todas las infracciones que detecta, recaudaría unos 781 millones de euros cada año, aunque la cantidad final que consigue cobrar es muy inferior. Eso sin contar los importantes gastos que genera el procedimiento administrativo de una multa que al final nadie paga, como las sucesivas notificaciones postales por correo certificado, o la publicación de los edictos en los boletines oficiales, que pueden llegar a costar 700 euros por hoja.

La Adminsitración casi siempre gana

Aunque hay conductores especialistas en litigar y aplazar el pago durante años a través de alguna de las empresas "quitamultas" que proliferan en el sector, lo cierto es que, según datos de la DGT, el 95% de las denuncias se confirman a favor de la administración y sólo en un 5% se acaba dando la razón al multado.

El "bálsamo" contra esta situación de colapso administrativo será, según la DGT, el proyecto de reforma del procedimiento sancionador que el Gobierno confía en que pueda entrar en vigor a finales de 2009. Se trata de simplificar los trámites administrativos para rebajar el tiempo entre la infracción y la sanción, reducir la litigiosidad por motivos de forma y desterrar la "sensación de impunidad" que hay entre muchos conductores poco respetuosos con las normas.

Entre muchas medidas, se premiará el "pronto pago" con un descuento del 40% -ahora es del 30%-, mientras que en los supuestos en los que el infractor ni paga ni hace alegaciones una vez notificada la denuncia, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y cobrada por la vía ejecutiva.