El nuevo proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Madrid, que adapta la legislación madrileña aprobada por la Asamblea regional a la norma nacional de cajas y "acepta" las razones del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, comenzará a debatirse en el parlamento regional la próxima semana.

El pasado martes, el PP logró en la Asamblea de Madrid dilatar una semana más la tramitación parlamentaria del nuevo proyecto de Ley de Cajas del Gobierno de Esperanza Aguirre con el fin de "apurar la posibilidad de llegar a un acuerdo" con el PSOE e IU.

Así lo señaló el portavoz del grupo popular, David Pérez, después de que la Junta de Portavoces de la Cámara acordara, a petición suya, ampliar un semana (hasta el próximo miércoles) el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley.

Pérez explicó que "existen contactos para acercar posturas" con la oposición y aseguró que no descartaba "en absoluto" llegar a un "entendimiento" incluso con IU, a pesar de que este grupo -a diferencia del PSOE- ha registrado una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno, que se debatirá en el pleno del próximo miércoles y previsiblemente será rechazada.

Una vez termine el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto -ese miércoles-, está previsto que éstas y la norma se debatan, y aprueben, en el Pleno de la Asamblea el 18 de junio, si bien fuentes cercanas al proceso señalaron que se busca que la "adaptación" de la norma en la Cámara se realice antes del verano, por lo que, si es necesario, se convocaría otro pleno en julio.

El pasado mayo, el Gobierno de Madrid dio el visto bueno al anteproyecto que adapta la Ley madrileña aprobada por la Asamblea regional el pasado diciembre a la norma nacional de Cajas (LORCA) y aceptaba "en todos sus términos las razones que motivaron" el recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central.

El Gobierno regional busca evitar "conflictos" con el Estado y generar un marco legal de normalidad y tranquilidad que permita que el proceso electoral de renovación de cargos en Caja Madrid se pueda llevar a cabo este año, en los plazos que marca la ley.

A pesar de que el Ejecutivo autonómico considera que la ley que aprobó la Asamblea regional "es plenamente constitucional" decidido incorporar las "puntualizaciones" demandadas por el Gobierno central para evitar litigios y trabas en las elecciones para renovar la asamblea y la Presidencia de Caja Madrid.

El texto incorpora las consideraciones del Estado que se refieren a las circunscripciones electorales, a la representación de los Ayuntamientos y a la configuración de los requisitos para la elección de impositores.

Así, se elimina cualquier limitación para el número de representantes de las corporaciones municipales en los órganos gestores de Caja Madrid y se establece, de cuerdo con la LORCA, en función del volumen de depósitos de cada Consistorio y de las Comunidades autónomas donde la entidad financiera Caja tenga abiertas sucursales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró a mediados de mayo que el Ejecutivo retirará el recurso constitucional a la Ley de la Cajas de Madrid si las autoridades regionales modifican su proyecto inicial.

Fuentes financieras explicaron que en las negociaciones entre PSOE y PP sobre el texto y el futuro de Caja Madrid también se intenta llegar a un acuerdo sobre el proceso electoral y la renovación de cargos en la cuanta entidad de España que podría suponer la salida de su actual presidente, Miguel Blesa.