Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban al tanto de que ETA se disponía a ejecutar un gran atentado. Más grande aún que el de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, que puso fin al último proceso de paz. Esta voluntad, expresada hace poco menos de dos meses en una conversación que interceptó la Policía, es la que se plasmó en el brutal atentado del miércoles pasado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en  Burgos.

La banda ya había esbozado su estrategia en una entrevista publicada por el diario Gara el 25 de mayo pasado, en la que la dirección etarra sentenciaba que el PSOE estaba "situado en esa tesis política renovada de la respuesta represiva". En la citada entrevista, ETA se mostraba convencida de que cuando "el problema" (es decir, los atentados) volviera a situarse "en el centro de la agenda", el Gobierno retornaría al lenguaje de diálogo y de paz.

Contrariando esos cálculos, la respuesta de Zapatero ha sido rotunda: no habrá una nueva oportunidad. El mensaje que ha transmitido el Ejecutivo tras los dos últimos atentados, y que lleva repitiendo desde el fracaso del proceso de paz, es que ante ETA sólo cabe la acción policial y judicial.

Cada Gobierno democrático ha ensayado su proceso de paz, y, aunque en estos momentos de dolor suene grotesco, no es impensable que futuros mandatarios también lo intenten si aprecian las condiciones para buscar una salida dialogada. Sin embargo, resulta inimaginable que Zapatero se meta de nuevo en semejante aventura, en contra de los que pretende la dirección etarra y de los que vienen repitiendo machaconamente ciertos altavoces meditáticos de la derecha, que no perdonan a Zapatero haber intentado, como sus antecesores, erradicar la violencia en beneficio de todos los españoles. Todo indica que ETA y tales periodistas se equivocan en sus análisis.