El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, una mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea, que fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas. El pronunciamiento se produce a raíz de una demanda interpuesta en septiembre de 2012 por Women's Link Worldwide en representación de González, quien en más de 30 ocasiones denunció ante las autoridades la violencia que ella y su hija sufrían, y solicitó medidas de protección para ambas.

La falta de debida diligencia del sistema de protección condujo a que la niña, de entonces siete años, fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. En su dictamen, el Comité ratifica la obligación que tienen los Estados de "investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos" que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género. De igual forma recuerda que para hacer esto realidad se necesita de "voluntad política y el apoyo de agentes estatales", informa esta fundación de mujeres.

Aunque reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Integral Contra Violencia de Género, aprobada en 2004, sin embargo identifica prácticas de jueces, fiscales, trabajadores sociales que llevan "con frecuencia" a que no se proteja de manera efectiva a las víctimas y sus hijos.

El Comité obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Además, este organismo de la ONU exige que se tomen "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos".

El Comité insta a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y obliga a que los jueces y personal administrativo competente reciban formación obligatoria sobre estereotipos de género. El Estado español tiene seis meses para reportar al Comité, mediante un escrito, las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta decisión y debe de difundir ampliamente la decisión "a fin de alcanzar todos los sectores pertinentes de la sociedad."

Según Women's Link Worldwide, tras años de malos tratos, Ángela González huyó de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denunció a su agresor y solicitó la separación de éste. El maltrato continuó después del divorcio, incluso a través de su hija Andrea, que fue asesinada por su padre. El maltratador posteriormente se suicidó. "Tras 11 años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no solo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos", ha afirmado Ángela González en uncomunicado de Women's Link Worldwide.

"La decisión del Comité CEDAW reconoce que los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial, lo que en el caso de Ángela la colocó a ella y a su hija en una situación de vulnerabilidad", ha asegurado la abogada de Women's Link Paloma Soria, que ha recordado que el documento expresa que "el interés superior de los niños y niñas tiene que prevalecer" y que "eso quiere decir que los menores tienen derecho a ser oídos".