Las poblaciones indígenas de Paraguay y Bolivia en la región del Chaco continúan siendo víctimas de discriminación y trabajos forzados que agravan las condiciones de pobreza en que viven inmersas, asegura un informe de Naciones Unidas divulgado hoy.

El documento elaborado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU recoge las conclusiones de la misión del órgano que visitó la poco poblada región durante abril y mayo pasados a invitación de los Gobiernos de Paraguay y Bolivia.

La misión la conformaron miembros de ese foro, así como expertos y analistas de diversas agencias, órganos y departamentos de las Naciones Unidas.

El informe destaca que, pese a las acciones de los Gobiernos de Asunción y La Paz, los indígenas siguen siendo explotados en las grandes haciendas que caracterizan esta región llana y remota que se extiende desde el sur de Bolivia y el norte de Argentina hasta el oeste de Paraguay y Brasil.

Recuerda que esta situación ya ha sido denunciada anteriormente por organismo internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que se haya podido erradicar.

"La misión también constata un significativo empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo guaraní, debido a los ataques y amenazas a sus líderes, las expulsiones de sus familias y el uso de recursos públicos para fragmentar a las comunidades", afirma el documento.

Por ello, insta a las autoridades locales, nacionales e internacionales a abordar con urgencia la situación de los indígenas, que se han visto particularmente afectados por la crisis alimentaria, y a acabar con las violaciones de sus derechos.

"Hay que enviar un mensaje firme a los dos Gobiernos, a las autoridades locales y a los terratenientes de la región del Chaco", indicó en un comunicado la presidenta del Foro, Victoria Tauli-Corpuz, para la que es "inaceptable" que algunas comunidades todavía sean objeto de este tipo de abusos laborales.

Los autores del texto instan a la creación de instituciones estatales sólidas en las zonas donde persisten la práctica de los trabajos forzados, con el fin de que se encarguen de hacer cumplir las legislación laboral y garantizar la disponibilidad de servicios sociales básicos.

Tauli-Corpuz resaltó que el mensaje contra la discriminación imbuido en las leyes internacionales y nacionales o "no llega" a algunas autoridades locales, o éstas "se oponen activamente" a su aplicación.

Las familias guaraníes y de otras comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, con una alimentación insuficiente, dificultades para conseguir agua potable y escaso acceso a servicios sociales básicos, como la sanidad y la educación.

Al mismo tiempo, se violan sus derechos humanos en ámbitos como la propiedad de la tierra, el trabajo infantil o el derecho de asociación, agregó la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.