"No hay ningún plan B previsto". Así de tajante se mostró hace menos de una semana la vicepresidenta económica Elena Salgado cuando, en la presentación de los Presupuestos para 2011, una periodista le preguntó si existía alguna previsión para el caso de que produjera una desviación en la reducción del déficit planeada. La vicepresidenta vino a decir que no se necesita tal plan porque están seguros de que sus previsiones se cumplirán.

Pero no es de esa opinión el gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclamó al Gobierno "planes contingentes diseñados con suficiente anticipación" para el caso de que se produzca una desviación en la senda de reducción del déficit. El gobernador, sin cuestionar abiertamente las previsiones del Ministerio de Economía, apuntó que el objetivo de reducir en 2011 los números rojos de las cuentas públicas hasta el 6% (desde el 9,3% en que se espera cerrar este año) se basa en unas previsiones económicas "que, de no confirmarse, podrían repercutir en una evolución de los ingresos peor de la proyectada". Si sucediera así, "deberían ponerse inmediatamente en práctica medidas compensatorias", insistió.

Fernández Ordóñez compareció en el Congreso para dar su opinión sobre los Presupuestos de 2011, donde volvió a la carga con sus recetas de marcado corte liberal en torno a las pensiones, el mercado laboral o el gasto público. También sembró dudas sobre las previsiones del Gobierno, aunque evitó descalificarlas de forma radical. "No diría que son excesivamente optimistas", dijo respondiendo a las críticas del PP y de CiU al proyecto del Ejecutivo. "Hoy el consenso de los analistas está en el 0,6% [de crecimiento para 2011, frente al 1,3% del Ministerio de Economía]; es decir, el Gobierno es optimista en siete décimas más y punto. No sé si es mucho o es poco, pero es siete décimas más optimista que el resto. Lo he señalado y creo que es un riesgo", agregó.

Sin embargo, para el gobernador, ese riesgo se compensa sobradamente con el compromiso del Ejecutivo de que "si hay desviaciones, el 6% [de déficit] es sagrado". Fernández Ordóñez consideró "cruciales" los Presupuestos del próximo año, que "más que en ninguna otra ocasión están sometidos a un profundo examen y a una estrecha vigilancia de los organismos supranacionales, de nuestros socios europeos y de los mercados internacionales". La semana pasada, cuando presentó las cuentas del Estado, la vicepresidenta económica dijo de ellas que vienen a proteger a la economía española de las tensiones en los mercados.

Poco después de la intervención del gobernador, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, volvió a descartar la necesidad de un plan B porque "no hay ninguna necesidad", pues sus previsiones son "prudentes" y se cumplirán con un "alto grado de certeza". Pero dentro del Gobierno no se tiene un mensaje idéntico. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el lunes, en una entrevista en 20 Minutos, que "el Gobierno siempre tiene un plan B, siempre; pero como no va a ocurrir, no se va a conocer".

Fernández Ordóñez cuestionó también el esfuerzo de las autonomías y ayuntamientos en la reducción del déficit: "Mi impresión es que a día de hoy las medidas adoptadas distan de responder a la reducción del gasto público que se necesita". Por ello, abogó por mayores controles de las cuentas de los entes territoriales, más transparencia en su gestión e "incluso plantearse un límite de gasto".

Las declaraciones del gobernador causaron estupor y malestar en las comunidades autónomas. "No nos damos por aludidos", fue la frase más generalizada entre todas las autonomías consultadas por Público. Un portavoz de la Conselleria de Finances de Catalu-

nya explicó que la Generalitat cumple con los objetivos que se marcaron el 29 de julio, cuando se aprobaron los planes de austeridad de cada autonomía en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esos objetivos "son en principio suficientes", explicó.

En la misma línea, Madrid, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha, entre otras, aseguraron que sus políticas fiscales cumplen con los requisitos exigidos por el Gobierno central. Y niegan la falta de transparencia de las que se les acusa. "Nosotros informamos adecuadamente sobre nuestras finanzas en nuestros parlamentos, que es donde debemos hacerlo", aseguran desde Castilla-La Mancha. En Galicia insisten en la eficiencia de su política de recorte de gastos y "no entienden a qué se refieren" las declaraciones de Fernández Ordóñez.

Los portavoces autonómicos evitaron valorar la posibilidad de que se pueda fijar un techo de gasto para las comunidades, como el que se fija para los Presupuestos del Estado. En cualquier caso, fuentes de la Consejería de Economía de Aragón subrayaron que cualquier decisión relacionada con las finanzas autonómicas debe negociarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es más, desde la Consejería de Economía de Madrid recordaron que "fue en este marco en el que se exigió que el límite máximo de endeudamiento de las comunidades autónomas no superara el 75% de sus recursos y luego el propio Gobierno relajó este requisito cuando vio que algunas comunidades no lo iban a cumplir"

Desde Bruselas, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró "entender y comprender" al gobernador del Banco de España, aunque también le pidió que haga "lo propio con las necesidades de gasto de las comunidades".

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, consideró "una buena idea" fijar un techo para los presupuestos autonómicos, y recordó que también se puede controlar el gasto de otras formas que garanticen un seguimiento más "frecuente y certero" de la evolución del déficit en cada territorio y el cumplimiento de los objetivos.