Las familias perderán poder de decisión en los colegios cuando se apruebe la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOCME). Los consejos escolares, a través de los que padres y profesores ejercen cierto control a la dirección del centro, pasaran a ser simples "órganos consultivos". Mientras en la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE), los consejos "aprueban", "deciden" y "fijan"; en el borrador de la futura norma sólo "evalúan" e "informan". 

Una de las funciones más importantes del consejo escolar, órgano que representa a todos los miembros de la comunidad educativa, es "aprobar y evaluar", como dice la LOE, la programación general anual (PGA) del centro. Si el borrador de la ley se aprueba sin cambios, los consejos sólo podrán "evaluar" la PGA. Es decir, seguirán teniendo voz, pero no voto. 

"La pretensión del Gobierno es borrarnos del mapa", critica el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús María Sánchez. "Terminar con la participación de las familias en el centro es muy negativo. Por una parte se nos dice que nuestro papel es esencial y por otro, perdemos las pocas competencias que tenemos", insiste.

En la Educación Primaria, los consejos escolares están formados por siete profesores (uno de ellos con voz, pero sin voto), cinco padres, un representante del Personal Administrativo y de Servicios (PAS) y un representante municipal. Hasta el momento, los acuerdos a los que llega el consejo son vinculantes. Es decir, que la opinión de los padres cuenta para la aprobación de la PGA, de las normas de régimen interno y del proyecto educativo, y también para establecer, por ejemplo, las becas de comedor o el cambio de jornada contínua.

"Lo que quieren es eliminarnos", dice el presidente de la Ceapa

La mayor autonomía que la nueva ley prevé atorgar a los directores de los centros sumada a la reducción del 50% de las ayudas públicas a las asociaciones de padres lleva a los padres de la escuela pública a ponerse en lo peor: "Lo que quiere el ministerio es eliminarnos".

Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa) coincide en el diagnóstico. "La nueva ley nos quita capacidad, no nos da el trato adecuado", protesta. "El Gobierno está olvidando que los destinatarios de la educación son nuestros hijos", denuncia, "por ese motivo, las familias debemos tener mucho más peso en las decisiones que afectan al centro porque, al final, afectan a nuestros hijos".

La Concapa insiste en que los padres tienen que tener una función "fiscalizadora" y reclama que al final del curso "los centros rindan cuentas económicas y pedagógicas a las familias".  "No pretendemos decidir, pero no puede ser que se nos excluya del control del centro", concluye Carbonell.

El Ministerio de Educación remarca que el borrador de la ley es sólo "una propuesta" sujeta a cambios que será "debatida con la comunidad educativa", asegura un portavoz del ministerio que dirige José Ignacio Wert.