Tras semanas de controversia y sin entusiasmo, el Parlamento francés dio hoy luz verde definitiva al proyecto de ley de "control de la inmigración", que impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar y que permite el sumamente polémico uso de test genéticos para probar la filiación materna.

El texto, consensuado por una comisión paritaria de las dos cámaras del Parlamento, fue adoptado por 282 votos a favor (del partido conservador UMP y cuatro de sus aliados del Nuevo centro) y 235 en contra (la oposición de izquierdas y algunos conservadores y centristas).

Es revelador que cuatro diputados de la UMP, partido del presidente francés, Nicolas Sarkozy, votaran en contra y otros 21 se abstuvieran. Es el voto más apretado para la UMP en años.

Horas después, el Senado refrendó el texto con 185 votos a favor y 136 en contra.

La última palabra la tendrá el Consejo Constitucional, ante el que socialistas, comunistas y Verdes ya han anunciado que recurrirán para anular el artículo sobre los test de ADN.

La controversia sobre la introducción de las pruebas genéticas dejó en la sombra el resto del proyecto de ley, elaborado por el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo, Brice Hortefeux, y que responde a la política de "inmigración escogida" del presidente francés, Nicolas Sarkozy, resuelto a reducir la inmigración familiar y a potenciar la laboral.

La enmienda sobre los test de ADN, que un diputado del partido conservador gobernante, UMP, introdujo en el texto gubernamental, fue suavizada y encuadrada a su paso por el Senado, al calor de la amplia oposición a una medida que el Comité consultivo de Ética consideró "contraria al espíritu" de la legislación francesa.

De forma experimental hasta finales de 2009, los candidatos a la reagrupación familiar en países con graves carencias en el registro civil podrán pasar un test genético para probar su filiación con la madre instalada legalmente en Francia.

Se requerirá el consentimiento escrito del interesado y el visto bueno previo de un juez. El test será gratuito y el Comité consultivo de Ética analizará el decreto sobre el dispositivo.

El recurso a los test de ADN ha concitado el rechazo frontal de la oposición de izquierdas, asociaciones de derechos humanos, iglesias, científicos y varios líderes africanos, pero también críticas de miembros de la mayoría conservadora -incluidos tres ex primeros ministros- y de varios integrantes del Gobierno.

"Este test de ADN introduce la peste biológica en la ley", objetó un diputado Verde, que acusó a la mayoría conservadora de "instituir la xenofobia de Estado" y de "reembolsar la deuda con la extrema derecha, que permitió" la elección de Sarkozy.

El ministro Hortefeux ha denunciado las "caricaturas y excesos" proferidos en torno a los test, que utilizan ya doce países europeos gobernados en su mayoría por "social-demócratas o socialistas".

Fiel allegado de Sarkozy, defendió un procedimiento que, "con las garantías necesarias al respecto de la vida privada", "dará a los extranjeros de buena fe un derecho nuevo que les permitirá, si lo desean, aportar un elemento de prueba de su filiación".

Según un sondeo publicado hoy, el 49 por ciento de los franceses es favorable a los test, mientras un 43% los ve "contrarios a los valores de la sociedad francesa".

Por otra parte, el proyecto de ley estipula que los candidatos a la reagrupación familiar se someterán a un test de conocimientos de la lengua francesa y "los valores de la República" y, si suspenden, a una formación de hasta dos meses, antes de poder venir a Francia.

El inmigrante legal que quiera traer a su familia deberá tener ingresos laborales al menos iguales al salario mínimo. Los padres deberán suscribir un contrato de "acogida e integración" cuyo incumplimiento les expondrá a la suspensión de ayudas familiares.

Una de las pocas disposiciones del proyecto no desfavorable a los extranjeros, dicen los críticos, prevé la regularización "a título excepcional" y caso por caso de trabajadores inmigrantes en sectores económicos o regiones con escasez de mano de obra.

Aunque el permiso de residencia otorgado por ese concepto tendrá una validez de sólo un año, es la primera vez que se abre a los extranjeros en situación ilegal la posibilidad de regularizar su situación por medio del trabajo, señala una ONG.