Todos saben lo que quieren (ganar) y lo dijeron en un primer momento (hace muchos meses), pero la partida de póquer ha llegado a tal punto que ya todos hacen ver que quieren lo que no quieren, aunque con el objetivo oculto de conseguir lo que realmente quieren.

Las negociaciones para sacar adelante una fusión de Caixa Galicia y Caixanova se han convertido en un galimatías difícil de resolver y es casi imposible que dé lugar a la creación de una nueva caja solvente.

La Xunta y Caixa Galicia quieren que se haga la fusión aunque en unos términos diferentes de los que inicialmente han aceptado, mientras que Caixanova y el Banco de España no quieren que se haga, por mucho que parezca que están dispuestos a estudiarla.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, está empeñado en conseguir esa unión porque no quiere que Caixa Galicia la que necesita con más urgencia la fusión acabe en manos de una Caja Madrid de turno. Y tanto ha luchado por conseguirlo que el lunes no dudó en salir él mismo a la palestra para anunciar que existía la posibilidad de que la unión se consumara.

Un hecho insólito, porque se supone (aunque la realidad se empeñe en demostrar lo contrario) que las cajas de ahorros toman sus decisiones al margen de los poderes públicos. ¿Qué pintaba entonces Núñez Feijóo anunciando el acuerdo de mínimos entre dos entidades independientes? Tenía que demostrar que sus esfuerzos de los últimos seis meses en busca de una gran caja gallega han servido para algo. Pero él sabe (aunque no lo demuestre) que es un acuerdo tan ratíquico que deja más al descubierto las diferencias que los puntos de encuentro entre las cajas.

Para empezar, los números no salen. Caixanova y el Banco de España lo saben, aunque hacen como que no se dan cuenta. Es su gran baza para que esta operación no se realice. La caja de Vigo quiere seguir sola y el organismo supervisor prefiere que Caixa Galicia se fusione con una caja de otra región.

La auditoría que encargó la Xunta a KPMG cifró en 1.190 millones de euros las ayudas públicas necesarias para esta fusión, pero el Banco de España dice que con eso no hay ni para empezar y Caixanova pide 2.500 millones. Ambos saben que será difícil conseguir más allá de 1.346 millones, porque se superaría el límite del 2% sobre los activos marcado por la Comisión Europea. Un apoyo de 2.000 millones supondría el 3% y los 2.500 millones que quiere Caixanova serían el 3,71%, y esas son unas cifras que la UE no aceptaría.

Además, aunque consiguieran lo que piden, sólo los intereses que tendrían que pagar por 2.000 millones se comerían en torno al 70% de los beneficios de las dos cajas cada año, lo que hace prácticamente inviable la fusión.

Y lo peor de todo es que todos los implicados saben que los ciudadanos no quieren esta operación. Prueba de ello son las 20.000 personas que salieron el 9 de febrero a la calle en Vigo para protestar por una posible fusión, o las incipientes protestas en el norte gallego ante la previsible hegemonía de Caixanova en la caja fusionada.