Silvio Berlusconi caminaba sobre las aguas cuando ejercía de cantante en un crucero que surcaba el Mediterráneo y siguió haciéndolo desde que se convirtió en primer ministro con las leyes impulsadas por él mismo para vadear los problemas judiciales que acumulaba como paciente coleccionista.

Il Cavaliere, ahora, ha tocado tierra. Se ha convertido en una persona, mejor dicho, en un imputado normal. El Tribunal Constitucional italiano ha invalidado la ley que otorgaba inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, lo que abre la puerta a que pueda ser juzgado.

El rechazo al lodo Alfano (nombre de la mentada ley, hecha a su medida) podría resucitar las causas que pendían sobre Il Cavaliere, como el proceso por corrupción en el caso Mills (le pagó presuntamente 580.000 euros a un abogado para que falsificara el testimonio a su favor) y por irregularidades en la compra-venta de derechos televisivos de su empresa Mediaset. Estos dos juicios, suspendidos porque gozaba de impunidad, podrían ser reanudados.

De las veline a Prodi

Un tercer proceso, el Mediatrade, todavía está en fase de investigación preliminar. Berlusconi podría haber incurrido en apropiación indebida y fraude fiscal, al inflar el precio de derechos que compraba a empresas de EEUU para revenderlos a Fininvest y Mediaset (de su propiedad) a un precio superior, estafando supuestamente a los accionistas y a la Hacienda de su país.

Berlusconi conspiraba contra Prodi al tiempo que recomendaba a actrices y veline a un mandamás de la RAI  

Aunque en esta ocasión podría correr mejor suerte, el premier también se vio implicado en el caso de los senadores. Cuando lideraba la oposición, instigó a la corrupción, al convencer a dos senadores del centro-izquierda para que dinamitasen el Gobierno de Prodi. Escuchas telefónicas también han revelado su querencia por actrices y veline, a quienes recomendaba a un responsable de la RAI.

Así las cosas, Berlusconi vuelve a estar expuesto a la maza de los jueces de Milán, tildados por él de "comunistas" en innumerables ocasiones. Ahora bien, antes de que eso ocurra pasará casi un año, puesto que el Parlamento debe resolver la inconstitucionalidad de la norma.