El Estado perdió 5,1 millones de euros con el 'caso Pallerols'

Cerrar el caso Pallerols 13 años después le ha costado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC)  poco más de 380.000 euros. El acuerdo al que llegaron la semana pasada con la Fiscalía los cuatro acusados de la trama de financiación ilegal del partido democristiano y el Ministerio Público les permitirá incluso evitar la cárcel. Para el bolsillo del contribuyente, sin embargo, los tejemanejes que se produjeron en el Departament de Treball de la Generalitat entre 1994 y 1999 con los cursos de formación para desempleados tuvieron un coste muy superior. En concreto 5,1 millones de euros, que es lo que la Unión Europea (UE) comprometió del Fondo Social Europeo para cofinanciar el proyecto. El Gobierno central adelantó la cantidad esperando poder recuperarlo más tarde pero Bruselas, ante el proceso judicial abierto, nunca desbloqueó los fondos.

Según fuentes comunitarias consultadas por Público, en abril de 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy "envió una carta a la Comisión Europea comunicando que no presentaría las facturas pertinentes" a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, por lo que renunciaba oficialmente a ese dinero. No es muy difícil comprender por qué teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el caso.

El proceso contra el partido de Josep Antoni Duran i Lleida por financiación ilegal se abrió en 1999. La Fiscalía acusó al exdirector general de Empleo de la Generalitat, Lluís Gavaldà, y a su hermano, Vicenç Gavaldà, ambos de UDC, de haber adjudicado unos ciclos de formación para desempleados a tres empresas (Ceifsa, Andsa y Teosa) del andorrano Fidel Pallerols. Los tres, junto al militante de UDC, Santiago Vallvé, organizaron un sistema por el cual el 10% de los 8,8 millones de dinero público que se le iba a dedicar a los cursos de manera oficial, retornaría a las arcas de la formación democristiana.   

La idea más extendida es que UDC se financió de esta manera con fondos provenientes de la UE, aunque las fuentes consultadas niegan que fuera así ya que, técnicamente, el dinero nunca llegó a España. De hecho, "en 2001 la Comisión suspendió la reserva de los fondos", explican. El caso Pallerols también fue seguido de cerca por la Oficina de Lucha contra el Fraude de la UE (OLAF) que explicó a Público que no abrió ninguna investigación por su cuenta "ya que las autoridades españolas competentes estaban lidiando con el problema".

De no haberse abierto una instrucción judicial y si las autoridades comunitarias hubieran liberado los fondos y después descubierto el fraude, España habría tenido que devolver los cinco millones a la UE. El Gobierno no ha tenido que pasar ese mal trago porque los fondos europeos no llegaron a entrar en las arcas del Estado, de donde salieron en concepto de anticipo.

Trece años de proceso y un final sin cárcel

Las pesquisas contra UDC siguieron su curso y en 2002 un informe de la Guardia Civil detectó irregularidades en más de 230 cursos, desveló que ocho de los que el grupo Pallerols decía que estaba impartiendo no existían y que los precios de algunos estaban exageradamente inflados. La instrucción finalizó en diciembre de 2004 y un año después el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cerró el caso por falta de pruebas.

El Fiscal acusaba a UDC de obtener favores económicos a cambio de las subvenciones otorgadas a Pallerols

La Audiencia Provincial de Barcelona, sin embargó, atendió los recursos presentados y reabrió todo en 2006. Entre medias se llegó a meter hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la imputación de un aforado. Por fin, en 2010, comenzó el juicio oral.

Las conclusiones del fiscal, Fernando Rodríguez Rey, en febrero de ese año no podían ser más claras: los hermanos Gavaldà y Vallvè "a cambio de su participación decisiva en el otorgamiento de las subvenciones, obtenían del empresario favores económicos para el partido, ellos mismos y otros responsables del Departament" de Treball.

Rodríguez calculó que UDC consiguió desviar 595.000 euros que utilizó para pagar nóminas del partido, mobiliario y productos informáticos. El dinero entraba en caja con facturas falsas. Además del pago del desfalco, solicitó penas de 11 años de prisión para Vicenç Gavaldà y Pallarols, nueve para Lluís Gavaldà y siete para Vallvé. En la acusación aparecían también los nombres de Dolors Llorens, que trabajaba en el Departament en la época del fraude, y María Cruz Guerrero, la mujer del empresario andorrano. Para ellas el fiscal pidió nueve y ocho años de cárcel respectivamente.

Con la firma del acuerdo la semana pasada UDC ha pagado finalmente 388.000 euros. 200.000 de ellos por ser "partícipe a título lucrativo" y 188.000 como "responsable civil subsidiario". Asimismo, asumirá los 260.000 euros de multa para sus miembros envueltos en el Pallerols. Las penas de cárcel se han visto reducidas a la nada. Un año y medio para Lluís Gavaldà, siete meses para Pallerols y Vicenç Gavaldà y una multa económica para Vallvé. Al no tener antecedentes, ninguno acabará entre rejas. Guerrero y Llorens quedaron exentas de cualquier responsabilidad.

La Fiscalía justificó la rebaja de las penas porque los acusados han accedido a devolver el dinero y por los 13 años que ha durado el proceso. El partido evitó el juicio, aún así, nadie se librará de la sentencia, que se publicará en breve. Ni siquiera Duran i Lleida, que en el año 2000 prometió dimitir si se demostraba que UDC se había financiado de manera ilegal pero que ya ha dejado ver que no tiene muy buena memoria. Él sigue negando que fuera así y asegura que UDC ya depuró responsabilidades políticas.