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La presidenta filipina autorizó el contrato pese a los indicios de corrupción

EFE

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, admitió hoy que autorizó la firma de un contrato multimillonario de su Gobierno con una compañía china de telecomunicaciones, pese a que existían indicios de corrupción.

Macapagal Arroyo, blanco de la manifestación que los grupos de oposición planean llevar a cabo mañana, indicó que fue advertida de esas posibles irregularidades la noche antes de que se firmara el contrato con la estatal china ZTE, por valor de 329 millones de dólares (224 millones de euros).

"No soy perfecta, pero he trabajado todos los días para conseguir cambios positivos en la nación", declaró la presidenta.

El pasado octubre, la presidenta se vio obligada a anular el acuerdo, firmado en julio durante una de sus visitas a China, tras conocerse que a su marido, José Miguel Arroyo, le fueron ofrecidos 70 millones de dólares para "facilitar" la concesión del proyecto a ZTE, compañía elegida para instala una red nacional de internet por banda ancha.

La denuncia fue hecha por el entonces presidente del Congreso, José de Venecia, cuyo hijo también aspiraba a la licitación pública, y el fraude fue confirmado ante la comisión de investigación del Senado por Rafael Lozada, uno de los ingenieros que participó en la negociación del contrato.

Según Lozada, el acuerdo se selló en unos 329 millones de dólares pese a que el coste real de los equipos no superaba los 70, y añadió que el esposo de la presidenta de Filipinas como el dimitido ex jefe de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, exigieron a ZTE un pago de 130 millones.

De Venecia, un antiguo aliado político de Gloria Macapagal Arroyo, fue destituido hace dos semanas de su puesto en una maniobra urdida, afirmó, por el entorno de la mandataria, cuya renuncia exigirán hoy diversos grupos opositores que han convocado multitudinarios actos de protesta en Manila.

El caso es el último en una serie de escándalos de malversación de fondos públicos que han salpicado a la presidenta de Filipinas, uno de los países más corruptos del mundo según la organización Transparency International.

Las instituciones financieras internacionales recuerdan de forma insistente al Gobierno filipino que debe esforzarse más para poner fin a la corrupción, pues esta lacra hace peligrar la futura llegada al país de ayuda oficial al desarrollo.

Con motivo de la manifestación, que coincide con el 22 aniversario de la revuelta popular que causó la caída del poder del dictar Ferdinand Marcos, el Ejército ha desplegado soldados de unidades de intervención rápida en puntos de la capital.

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