Transparencia total. La propuesta de los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, patrocinada también por el PSOE, de poner al descubierto y a la vista de todos los ciudadanos los sueldos de los políticos españoles, además de su patrimonio y sus actividades privadas, eclipsó ayer la idea del PP de eliminar los complementos a las pensiones de los diputados, de la que apenas se benefician unos 80 parlamentarios.

Bono llamó al PP a "huir de la demagogia" y, de la mano con su homólogo en el Senado, solicitó a los grupos no sólo que les hagan llegar propuestas para modificar esta bonificación sino también para endurecer el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios y plantear la "conveniencia" de aportar transparencia a su patrimonio y rentas a través del Boletín Oficial de las Cortes o la web de ambas cámaras.

Sólo las Cortes manchegas obligan a sus parlamentarios a mostrar sus bienes

La propuesta se inspira en la legislación aplicada por Castilla-La Mancha desde 1995. Desde entonces, todos los altos cargos y diputados autonómicos están obligados a formular una declaración de ingresos, actividades, bienes e intereses que publica anualmente el boletín oficial de la región. Créditos, fondos de pensiones, seguros de vida y saldos medios bancarios se incluyen también en la declaración.

Otras dos comunidades han avanzado también en este camino: Andalucía y Extremadura, aunque en ninguna de ellas poseen carácter público los ingresos de parlamentarios y altos cargos. Sí consignan todo tipo de bienes y las actividades que los declarantes desarrollan al margen del escaño o el cargo, informa Alicia Gutiérrez.

El PSOE invita a Cospedal a renunciar a su "sueldo de controlador aéreo"

La complicidad del Grupo Socialista no se hizo esperar. Su responsable, José Antonio Alonso, abrazó la invitación a evitar "zonas de sombra" como las que ocultan ahora el patrimonio de los diputados. "Máxima transparencia y que se haga cuanto antes", proclamó Alonso defendiendo que diputados y senadores hagan públicos "todos los ingresos y rentas que reciban por cualquier concepto", así como su "patrimonio mobiliario e inmobiliario".

El PP, en cambio, recibió la propuesta con el paso cambiado y su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó pronunciarse, limitándose a saludar que Bono "asuma" la única propuesta de la pasada convención conservadora, haciendo bandera en un acto de partido de una reflexión que el presidente del Congreso tenía ya sobre la mesa, según denuncia el PSOE. Los conservadores pidieron tiempo, el PNV no se pronunció y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, se declaró personalmente a favor de hacer público su patrimonio.

La izquierda minoritaria aplaudió la idea que, en puridad, le corresponde en parte. IU fue la precursora de la propuesta que abanderó ayer Bono, convirtiéndose en valedor de dos iniciativas similares que este partido registró en 2009 sin éxito alguno, al chocar entonces con el rechazo de socialistas y conservadores.

IU y ERC previnieron, aun así, contra el intento de desenfocar la cuestión siguiendo intereses "demagógicos, populistas y electoralistas" que achacaron al PP. Así calificó el portavoz de ERC, Joan Ridao, la idea de liquidar de raíz el complemento de pensiones de los ex parlamentarios, supresión tajante que tampoco admite el PSOE para "no dejar tirados" a quienes lo necesiten y se hayan dedicado a la tarea pública "con limpieza y honestidad", como aclaró Alonso.

"Quien a lo mejor tiene que renunciar a algún privilegio es María Dolores de Cospedal, que tiene un salario de controlador aéreo que supera los 240.000 euros y acude al Senado más bien poco", replicó con más intención la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva.

Bono y Rojo han ofrecido a los grupos 15 días de plazo para hacer sus propuestas. Aunque sobre el endurecimiento de incompatibilidades de diputados y senadores no ha hecho falta esperar. El Congreso rechazó ayer, con los votos en contra de PSOE, PP y CiU, una proposición de ley de IU que pedía abrir este debate, incluyendo la discusión sobre la compatibilidad de sueldos públicos y privados de los ex presidentes del Gobierno, en una iniciativa firmada en 2008 al margen del calor de los titulares.

Sólo un 12% de los diputados no desempeñan actividades al margen de la cámara, si bien este porcentaje es engañoso, ya que aplica el mismo rasero a quien se lucra de un despacho que a quien colabora en una fundación de interés público o en un medio de comunicación.