En la Dirección General de Tráfico aseguran "no tener ninguna guerra" contra las empresas que se dedican a recurrir multas, pero sí son conscientes de que la reforma del procedimiento sancionador de tráfico, que sigue su tramitación parlamentaria, no gusta "a ninguno de los quitamultas".

Tras su aprobación en el Congreso en junio, con la abstención en el último momento del PP, la reforma será discutida en otoño por el Senado. La DGT calcula que podrá entrar en vigor en primavera.

La reforma simplifica y agiliza el sistema de notificaciones, procurando una mayor inmediatez entre el momento en que se comete la infracción y se ejecuta la sanción, como ocurre ya con las multas que gestiona el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias Automáticas, con sede en León, revisa a la baja la pérdida de puntos y aumenta el descuento por pronto pago al 50%, entre otras medidas.

Son sus objetivos, resume Ramón Ledesma, subdirector general de Normativa y Recursos de la DGT, atender el carácter masivo de los procedimientos, minimizar el tiempo infracción-sanción, reducir la litigiosidad por motivos de forma, "no de fondo", la "prescripción ética de las infracciones" -"las administraciones -insiste- deben notificar cuanto antes"- y desterrar la "sensación de impunidad".

"Lo que haya que decir al ciudadano, se lo tenemos que decir cuanto antes, en un plazo de días, no de meses. Si la Administración funciona, si te mandan la sanción en dos semanas, con pruebas, te lo crees. Lo que no se entiende es que se reciban a los ocho meses. Así se reducen también las alegaciones", añade Ledesma.

Con la reforma, reconocen en la DGT, "en algunos casos peligra el negocio de las empresas, pero no es justo que haya gente que viva de la ineficacia de la Administración, que sí, claro, está obligada a ser eficaz", insiste. "Lo que más les cabrea -reconoce- es que se suprima la fase de recurso".

"Pretende recaudar más y más rápido. Más, porque se han subido los importes de las multas. Más rápido, porque se pretende limitar el derecho de los ciudadanos a poder defenderse frente a los abusos de la Administración, obviando parte del procedimiento", argumenta Carlos Pimentel, de Multalia.

DVuelta, que ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra la reforma por inconstitucional, si se aprueba tal y como está hoy planteada, tiene claro que "es un instrumento evidente para cercenar, hasta extremos constitucionalmente inviables, el derecho a la defensa y el de presunción de inocencia".

"Quieren hacerse un procedimiento ad hoc, para cobrar sin posibilidad de defensa, porque las administraciones no son capaces de tramitar todas las multas que ponen", dicen desde esta empresa.

A Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, tampoco le gusta la reforma, que conlleva un modelo "carente de garantías" y "fomenta la indefensión" del conductor, al abreviar el procedimiento sancionador, y esconde un afán recaudatorio "en tiempos de crisis. Se les ve el plumero".

En el Real Automóvil Club de Cataluña creen "probable" que el próximo año, cuando entre en vigor, "el volumen de recursos que se tramitan varíe".