El recurso que la coalición electoral Bildu presentará contra la anulación de sus listas corresponderá a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC). Está presidida por el vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y su composición es ideológicamente equilibrada, con tres magistrados a los que se considera progresistas e idéntico número de conservadores.

A diferencia de lo que ocurre con la Sala del 61 del Tribunal Supremo, en el Constitucional los empates que puedan producirse en las deliberaciones de sus magistrados tienen solución con el voto de calidad del presidente, que vale doble. Es decir, en este caso, Gay puede inclinar la balanza a favor o en contra de Bildu, si los miembros de la Sala repiten la división vivida en el Supremo, donde los magistrados han entendido que detrás de la coalición estaba ETA/Batasuna o no, coincidiendo con las afinidades ideológicas que se les presume.

Se considera a tres magistrados de la Sala progresistas y a tres, conservadores

Pero también es posible que Gay entienda que el asunto tiene la suficiente relevancia como para elevar al pleno del Constitucional su resolución, donde, tras la renovación de la institución sin cubrirse la vacante que se produjo por el fallecimiento de Roberto García-Calvo, los magistrados considerados progresistas son mayoría: siete frente a cuatro.

En cualquier caso, todo está supeditado a una condición: que la resolución del Alto Tribunal se produzca antes de las 00.00 horas del próximo viernes, momento en el que se inaugura la campaña electoral.

El vicepresidente del Constitucional puede elevarel caso al pleno

Y ello a pesar del retraso de 24 horas con el que le llegará el asunto desde el Tribunal Supremo, que entendió necesario conceder una prórroga a Bildu para ampliar las alegaciones que había presentado y así garantizar su derecho de defensa.

El precedente más inmediato de anulación de listas que fue revisada por el Constitucional le correspondió a la Sala Segunda y lo resolvió ella misma. Su sentencia fue la primera que revocó una resolución de la Sala del 61 del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos.

El 22 de mayo de 2009, el Alto Tribunal dio el visto bueno a Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) para con-currir a las europeas, al revocar la decisión de anular la lista que había acordado el Supremo con aparente unanimidad, ya que los cinco magistrados de la Sala del 61 que votaron en contra de esa decisión no lo plasmaron en un voto particular.

Y las cosas debían estar claras para el Constitucional, porque la resolución que adoptó no contó con votos particulares. La suscribieron todos, los magistrados considerados conservadores (el entonces vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas) y los progresistas (Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Pascual Sala).

Tras la sustitución de María Emilia Casas por Pascual Sala al frente del Alto Tribunal, en enero, la sensibilidad ideológica de la Sala Segunda se mantuvo intacta. Permanecen tres de los magistrados que entendieron vulnerados los derechos fundamentales de II-SP al impedírsele concurrir a las elecciones: Gay, Pérez Vera y Rodríguez Arribas.

Ahora se les han unido Francisco Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Luis Ignacio Ortega. Los dos primeros fueron elegidos magistrados del Constitucional a propuesta del PP, y Ortega, del PSOE.

Pese a haber accedido al Alto Tribunal a la vez, la experiencia de Hernando es muy superior a la de sus compañe-ros en esta materia, puesto que durante los años que presidió el Tribunal Supremo encabezó la Sala del 61. De hecho fue el ponente de la primera sentencia que se dictó en aplicación de la Ley de Partidos: la que ilegalizó en marzo de 2003 Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y la propia Batasuna. Es la que se entiende vulnerada cada vez que se planea un incidente de ejecución de sentencia ante el Supremo.

De ahí que a priori se pueda pensar que será partidario de ratificar la decisión adoptada por sus excompañeros de tribunal respecto a las listas con las que Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale intentan estar presentes el próximo 22 de mayo. Si con Bildu el Constitucional sigue el ejemplo que dio con II-SP, la ideología que se atribuye a sus magistrados volverá a quedar fuera del debate jurídico.