Santa Cruz de Tenerife pagó 53 millones de euros por unos terrenos que ya eran suyos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó hace doce años 52,5 millones de euros por unos terrenos en la playa de Las Teresitas, pero las parcelas eran ya de la corporación municipal desde 1967, según un documento que la institución ha entregado en los juzgados. La compra se hizo efectiva en 2001 para llevar a cabo un proyecto del arquitecto Dominique Perrault en la playa de la capital tinerfeña, pero en 2007 el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa por ser ilegal.

En este caso están imputados, entre otros, el anterior alcalde y actual senador Miguel Zerolo (CC), así como el expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife Ignacio González, y el presidente de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia.

Como la compraventa fue declarada ilegal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó en 2011 y por unanimidad reclamar a la empresa a las que se los compró, los 52,5 millones pagados más los intereses, en total 73 millones de euros. Pero los empresarios de Inversiones Las Teresitas SL -empresa vendedora- presentaron una demanda por importe de 116 millones de euros como indemnización por el contrato de anulación de la compraventa de las once parcelas del frente de la playa.

Un documento demuestra que los terrenos habían sido cedidos a la corporación en 1967

Ayer estaba previsto que se iniciase en el Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife la audiencia previa por esta denuncia, pero no se celebró ya que un día antes el Ayuntamiento informó de que había pedido la suspensión porque se había presentado documentación nueva. Con esa documentación, según la corporación, habría una causa penal anterior al procedimiento civil que se estaba desarrollando. Entre los documentos presentados hay uno en el que se dice que los terrenos habían sido cedidos a la corporación en 1967.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, no ha querido evaluar la importancia judicial de estos documentos, que considera relevantes, y ha confiado en la inocencia de su antecesor, de su mismo partido. Mientras, el anterior alcalde, Miguel Zerolo, ha hecho declaraciones acusando al grupo de gobierno, CC-PSOE, de "echar mierda en este tema y usarlo políticamente para perseguirlo".

Desde la oposición municipal, la portavoz del PP, Cristina Tavío, ha exigido al alcalde que promueva un pacto con todas las fuerzas políticas para adecentar mínimamente la playa de Las Teresitas mientras se resuelve judicialmente el caso, porque la ciudad ya no aguanta más desidia y decadencia. Además, el concejal de Por Tenerife-Verdes, José Manuel Corrales, ha dicho que si el gobierno municipal ha pedido suspender la causa civil sería una prueba de que hay un acuerdo "bajo cuerda" para que el dinero estafado no se recupere. Ha insistido en que deben recuperarse los 53 millones (casi 9.000 millones de pesetas) más los intereses, lo que elevaría la cifra a los 73 millones de euros, porque, según ha reiterado, se trata de una estafa contra los vecinos de la capital tinerfeña.

Y afirmó que de no pararse la causa civil hay muchas posibilidades de recuperar el dinero en poco tiempo, mientras que si se detiene y hay que esperar a la penal, pasarán años antes de que dictamine el Tribunal Supremo. Sobre los documentos aportados por la corporación municipal al juzgado, Corrales ha dicho que el Ministerio Fiscal afirmó hace años que había una trama corrupta y que se compraba algo que ya era de la corporación.