La oposición catalana exigió ayer responsabilidades políticas y dimisiones. No le bastaron las explicaciones que dieron en la comisión de justicia del Parlament, a petición propia, los consellers de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, e Interior, Joan Saura, sobre las causas del incendio que el pasado 21 de julio provocó la muerte de cinco bomberos cerca de Horta de Sant Joan (Tarragona) y la manera de gestionar su extinción. Un sexto agente sigue grave a causa de las heridas.

Baltasar abrió la comparecencia admitiendo que se equivocó al concluir que el origen del incendio fue un rayo y pidió disculpas por ello. Sin embargo, aseguró que en ningún momento se ha mentido a la opinión pública ni se ha escondido nada, y recordó que el 30 de julio se decretó el secreto de sumario. "¿Qué beneficio sacaríamos de esconder lo que se dice que escondemos?", se preguntó.

Saura también rechazó las acusaciones de haber mentido y pidió que no se mezclaran las causas del fuego con el trabajo de extinción. "Huyamos de demagógicas interpretaciones interesadas", dijo en un tono muy serio. "No se ha ocultado nada: el informe de los agentes rurales era el único documento que teníamos en julio", añadió el conseller.

Cuando apareció el informe de los Mossos, en noviembre, ya se había levantado el secreto de sumario. Y entonces, insitió el responsable de Interior, se comunicó la situación a las familias de las víctimas, a los sindicatos afectados y al Parlament. "Ustedes alaban la actuación de los bomberos y, al haber cinco muertos, hacen responsable al Govern. Esta es la instrumentalización que me repugna", sentenció.

Las explicaciones no convencieron a CiU y el diputado Xavier Pallarès lanzó la primera piedra: "Si no se coordinan para averiguar la causa, ¿qué credibilidad tienen para lo demás? ¿Dónde estaban los responsables antes de que se activara la emergencia?". Saura, que defendió que en todo momento la estrategia de extinción fue impecable, respondió que estaban controlando que el fuego no alcanzara a Horta, hacia donde amenazaba con llegar. Por su parte, el Partido Popular y Ciutadans exigieron las dimisiones de los consellers.

Mientras, en Huelva, las contradicciones de los testigos marcaron ayer la primera jornada del juicio contra Emilio Perdigón, acusado del incendio declarado el 27 de julio de 2004 en Minas de Riotinto. Las llamas asolaron más de 35.000 hectáreas en las provincias de Huelva y Sevilla y causaron la muerte de dos personas.

La Fiscalía ha solicitado 26 años de cárcel 18 por delito de incendio y 8 por homicidio y una multa de más de 4.000 euros, además de una indemnización a los herederos de los muertos. Además de los dos fallecimientos, el incendio provocó consecuencias ecológicas "incalculables".