Fue una casualidad de la agenda. El mismo día en que la consellera de Justícia, Montserrat Tura, quería presentar en el Parlament las conclusiones de la comisión de expertos para evitar la reincidencia de delitos graves, se conocía una nueva denuncia contra el segundo violador del Eixample. Esta vez, por un presunto delito perpetrado en Barcelona.

Dicha comisión, creada hace un año para reducir la reincidencia de delitos graves y presidida por el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), José María Mena, ha venido insistiendo este año en las medidas que a su juicio pueden ayudar a prevenir nuevos delitos.

La principal conclusión que alcanzaron los expertos fue la necesidad de impulsar una reforma legislativa —la ley vigente fue aprobada el año pasado— que haga obligatorio que los presos con riesgo de
reincidencia donen su ADN. Según Mena, el hecho de que la policía tenga los datos de ADN de los violadores “serviría para controlarles y también como efecto disuasorio”. El ex fiscal jefe del TSJC recordó que “no hay nada regulado para personas no rehabilitadas cuando son excarceladas”.

Esta comisión defendió ante los grupos del Parlament que, hasta que se lleve a cabo la reforma legal, debería realizarse una recogida de muestras voluntaria a los presos que presentan riesgo de reincidencia.

Precisamente ayer se presentó en un juzgado de Barcelona una nueva denuncia por agresión sexual contra Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample, detenido esta semana por un incidente de exhibicionismo en el sur de Francia.

A pesar de que las investigaciones se encuentran en una fase preliminar, la fiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, confirmó que se trata de “una agresión, o de un intento” que se habría producido el 29 de mayo, en la parada de Renfe de Arc de Triomf, en Barcelona.

Fue precisamente la liberación de Martínez Singul el año pasado, con la alerta de que no estaba rehabilitado, lo que puso en marcha la comisión de expertos sobre reincidencia que ha alentado el Departament de Justícia.