La condena del Congreso del ataque marroquí al campamento de protesta de El Aaiún quedó ayer relegada a un segundo plano por las protestas de media docena de activistas que interrumpió con gritos el pleno y, sobre todo, por su posterior detención. Seis activistas prosaharauis fueron imputados por un delito de perturbación del orden en las sesiones de la Cámara Baja.

Pasaban diez minutos del mediodía cuando los diputados acababan de votar las iniciativas debatidas durante la sesión. Entre ellas, la que instaba al Gobierno a condenar "los incidentes violentos" del campamento saharaui. Los seis activistas que se encontraban en la tribuna del público siguiendo el pleno comenzaron entonces a lanzar proclamas a favor del pueblo saharaui. "¡Sáhara libre!" o "¡PSOE, atiende, el Sáhara no se vende!" fueron algunos de los gritos que se escucharon. Aunque varias agencias informaron de que los activistas también insultaron a los diputados con gritos como "chorizos" o "hipócritas", estos lo negaron.

La policía les acusa de perturbar el orden de la Cámara Baja

No obstante, el presidente de la Cámara Baja, José Bono, ordenó el desalojo de los activistas, entre los que estaban el actor Willie Toledo y la joven saharaui Hassin Mhamed, que habían sido invitados al Parlamento por el grupo ERC-IU-ICV. "Les ruego expulsen de la sala a quienes gritan y tomen sus nombres por si estuviesen cometiendo alguna falta o delito. Entréguenlos a la comisaría del Congreso", emplazó de forma inusual Bono a los ujieres.

Estos sacaron a empujones a los activistas y los llevaron a una sala contigua al vestíbulo de la Cámara, donde agentes de la policía les tomaron los datos. En cumplimiento de las órdenes de Bono, los policías se pusieron en contacto con la Brigada Provincial de Información (BPI), competente en la investigación de delitos con motivación política, como los cometidos por grupos terroristas, de ultraizquierda o de extrema derecha.

Un grupo de agentes de la BPI se personó en el hemiciclo y trasladó hasta sus dependencias, en el barrio de Moratalaz, a los detenidos. Les fueron leídos sus derechos y ellos se negaron a declarar. Pasadas las seis y cuarto de la tarde, la policía los dejó en libertad. Los seis activistas están acusados de un delito tipificado en el artículo 497 del Código Penal, que castiga la perturbación del orden de las sesiones del Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. En el apartado número 2 del citado artículo, del que deberán responder los detenidos, se dice que "cuando la perturbación del orden de las sesiones no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses".

ICV considera "despropocionado" el arresto, y el PP lo justifica

En los pasillos del Congreso, nadie recordaba ayer ningún precedente similar en el que personas que interrumpieran el pleno fueran posteriormente detenidas. Sin embargo, fuentes parlamentarias consultadas por este diario indicaron que "lo que no es habitual es que haya alborotos" como los acontecidos durante la votación y que "en alguna ocasión" anterior las autoridades de la Cámara sí han procedido de la misma forma en la que actuó Bono.

La portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Núria Buenaventura, consideró la detención "desproporcionada". En cambio, el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, justificó la medida y aseguró que "nadie está por encima de la ley".