Los sindicatos de enseñanza reaccionaron ayer con indignación ante el anuncio del Gobierno de recurrir la oferta de empleo público para maestros de Primaria para el próximo curso en siete comunidades autónomas. La Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Economía, ha pedido la suspensión de la convocatoria de docentes de Primaria en Catalunya, Castilla y León y Navarra. "Próximamente" solicitará lo mismo en Andalucía, Extremadura, Illes Balears y Aragón, todas gobernadas por el PSOE, según fuentes gubernamentales.

El sindicato FETE-UGT reclamó al Gobierno "sentido común" y CCOO calificó el recurso del Gobierno de "agresión sin precendentes". La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 establecía un tope de un 30% en la reposición de funcionarios. Ese porcentaje ha sido sobrepasado por las comunidades denunciadas. Los sindicatos sostienen que la falta de oposiciones repercutirá directamente en la tasa de interinidad que en España supera el 16% de media.

Salvo Andalucía (15,70% de interinos), Extremadura (11,68%) y Castilla y León (6,8%), el resto de comunidades recurridas supera la media española de docentes con empleo temporal. En Catalunya, el cuerpo de interinos asciende al 20,96%, en Illes Balears al 24,16%, en Navarra al 25,75% y en Aragón al 20,21%, según datos del Ministerio de Educación y UGT. Los sindicatos mantienen como reclamación la rebaja al 8% de la interinidad.

Los recortes en los presupuestos educativos, que en dos años se han llevado por delante 2.000 millones de euros, se empiezan a notar a pie de colegio. "Hay partidas de centros que están siendo recortadas, y cuando a un centro se le quitan 3.000 o 4.000 euros en materiales lo nota. Los padres están soportando el recorte pagando material extra", denuncia el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), Jesús María Sánchez.

Si se suspenden las oposiciones a Primaria en las comunidades autónomas denunciadas, cerca de 5.000 plazas quedarían sin cubrir. La decisión anunciada en febrero por el Gobierno de Murcia y después por el de Madrid de suspender las oposiciones provocó un efecto en cadena que alarmó a los opositores. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó la suspensión de "tremenda".