El PSOE aun no ha dado vía libre para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la tasa de un euro por receta que se aplica desde el 1 de enero en la Comunidad de Madrid, en el que solicitaría al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la medida para evitar 'importantes perjuicios' a los ciudadanos.

Así lo ha explicado el secretario de organización del PSOE, Óscar López, quien ha precisado que el recurso que daba por hecho Tomás Gómez se está 'estudiando', pero aún no hay una decisión tomada.

'Queremos estudiar ese recurso en profundidad', ha dicho, antes de recalcar, además, que los recursos de inconstitucional no los plantean las ejecutivas regionales del partido, sino 50 parlamentarios, diputados o senadores, que son los que tienen la facultad de interponerlos.

En el PSOE alegan que la principal causa de inconstitucionalidad que esgrime el Gobierno para anunciar sus recursos contra el euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid es el conflicto de competencias, y ése es un terreno que los socialistas reservan al Ejecutivo y que no utilizan en la oposición.

De entrada, Óscar López ha reconocido que el PSOE, que cuenta con senadores o diputados suficientes para acudir al TC, ya no puede recurrir el euro por receta en Cataluña pues ha caducado el plazo preceptivo para interponer recursos.

El PSOE madrileño califica de 'chapuza legislativa' las excepciones al pago de un euro por receta son aquellos medicamentos cuyo precio sea inferior a 1,67 euros', y especifica que se ha escogido esta cifra y no otra 'porque de otra manera el medicamento comprado sin receta saldría más barato que con receta'.

Con el fin de evitar los 'importantes perjuicios que se está provocando desde el pasado día 1 de enero a los ciudadanos madrileños', Tomás Gómez ha pedido en su escrito la suspensión cautelar de la norma.

Unas semanas antes de la implantación del euro por receta, los senadores socialistas ya anunciaron que recurrirían la medida (para presentar el recurso de inconstitucionalidad son necesarias las firmas de al menos 50 parlamentarios, y el PSOE cuenta con 63 escaños en la Cámara Alta), aunque también el Gobierno de Mariano Rajoy manifestó su voluntad de recurrir esta tasa.

Para fiscalizar la actuación de los 'populares' en esta materia, el primer partido de la oposición ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la crear un grupo de expertos juristas que fijará las líneas de actuación en la denuncia de todos los pasos que se den hacia la privatización.