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El Supremo de EEUU reafirma el derecho de los ciudadanos a llevar armas

El Tribunal considera inconstitucional una ley de Washington que las prohibía en su jurisdicción

AGENCIAS

El Tribunal Supremo de EEUU ratificó hoy el derecho de los ciudadanos norteamericanos a poseer un arma de fuego. La decisión del tribunal se tomó tras una votación muy ajustada –cinco magistrados a favor contra cuatro–, y a buen seguro atizará la polémica que existe en EEUU respecto a la tenencia de armas para la autodefensa, un derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución.

Para los magistrados, el debate de este caso estaba en determinar si la Segunda Enmienda protege el derecho de todo estadounidense a tener armas –sin importar los motivos– o si ese derecho está vinculado con el servicio dentro de una milicia o grupo estatal controlado.

En nombre de la mayoría, el juez Antonin Scalia explicó que la “narrativa histórica” del país apoya el derecho de los ciudadanos a poseer y llevar armas, incluso antes de que se adoptara la Segunda Enmienda en 1791. Su texto decía: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

Según Scalia, la Constitución no dice en ningún caso que se prohíbe “de forma absoluta la tenencia y uso de pistolas para la autodefensa en casa”.

Leyes en vigor

La decisión judicial no invalida automáticamente todas las leyes federales y estatales que establecen límites en el derecho a las armas. Por ejemplo, Scalia apunta que no afecta a las leyes que prohíben llevar armas en “lugares sensibles como escuelas o edificios del Gobierno”, ni a las leyes que imponen limitaciones en la venta de armas.

Dada la atracción letal que los norteamericanos sienten por las armas, la noticia no resulta sorprendente, pero no tiene muchos precedentes.

Es la primera vez desde 1939 que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el alcance de la Segunda Enmienda, y es la primera vez en toda su historia que analiza directamente el significado del texto de la enmienda, escrita hace más de dos siglos en un lenguaje deliberadamente ambiguo.

Durante décadas se ha discutido si la enmienda se refería al derecho de cualquier ciudadano a defenderse con sus propios medios (es decir, armamento) o el derecho de los ciudadanos a portar armas cuando fueran reclutados por el Estado para formar parte de una milicia.

El fallo responde a una demanda interpuesta en Washington. Desde 1976, está prohibida en la capital norteamericana la posesión privada de armas de fuego. Según el Ayuntamiento de Washington, la ley se redactó como el antídoto más efectivo para frenar los altos índices de delincuencia y asesinatos habituales en esa época.

Pero el guardia de seguridad Dick Heller recurrió la norma al considerar que si podía poseer un arma en el trabajo, también podía hacerlo en su casa. Decidió abrir una batalla judicial que cesó en marzo de 2007 cuando un tribunal federal le dió la razón. La reacción de la ciudad de Washington fue recurrir la sentencia.

Restricciones razonables

Paul Helmke, de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, afirmó poco después de darse a conocer el fallo que la decisión del Supremo “limita los extremos” respecto al control de armas en EEUU, donde cada estado impone sus propias leyes. En su opinión, esto significa que la sentencia mantiene “restricciones razonables” respecto al uso de armas en otras zonas del país.

Civiles armados

En el mundo, alrededor de 650 millones de armas de fuego están en manos de civiles. Esto constituye un 75% del total conocido. Sólo en EEUU, los ciudadanos tienen en su poder alrededor de 270 millones de pistolas, revólveres o fusiles de diferente calibre.

Alta mortalidad

En EEUU, unas 30.000 personas mueren al año por heridas por armas de fuego. En enero de este año, la agencia AP informó de que 410.000 residentes de Florida tienen derecho a llevar un arma oculta. De ellos, 1.400 tienen antecedentes criminales suficientes como para que les hubieran negado ese derecho, pero las instituciones locales y estatales no se intercambian los datos. 

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