'Ruptura total, formal y tajante'. Fuentes cercanas a Telefónica no pudieron ser más claras para demostrar que los actuales intentos de Portugal Telecom (PT) para convencer a la española de que vuelva a la mesa de negociaciones tienen pocas posibilidades de prosperar. Telefónica ya ha activado el plan B para hacerse con el 30% de la operadora de móvil brasileña Vivo, que está en manos portuguesas: los tribunales. Después de tres fiascos con los portugueses, no quiere volver a hablar. El grupo que preside César Alierta ultima la demanda ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya en la que solicitará la disolución de Brasilcel, sociedad que agrupa su participación y la de PT en Vivo. Brasilcel cuenta con un 60% de Vivo y está participada a partes iguales por españoles y lusos. Las decisiones han de tomarse de forma conjunta, lo que impide a Telefónica disolver la sociedad sin que lo decida un tribunal.

Telefónica ha contratado al mismo bufete de abogados que asesoró a ambas compañías para formar Brasilcel: el despacho holandés Brauw Blackstone Westbroek. El grupo español se aferrará a que la intromisión del Estado portugués ha modificado la relación entre las partes que formaban el acuerdo. El grupo español espera que La Haya resuelva en unos seis meses y después lanzará una opa por el 40% de Vivo que fluctúa en bolsa.

En medio de esta pugna, Telefónica bajó un 0,25% en bolsa, en un día en que el Ibex 35 cayó un 0,62%. Los culpables del descenso fueron los bancos, que llevaron al indicador a los números rojos tras registrar alzas superiores al 1% durante el día.

El mercado recibió con agrado la primera colocación de deuda de una entidad española en tres meses (BBVA emitió 2.000 millones), pero castigó al sector porque el precio fue muy alto. La banca mediana fue la que más sufrió, también por las mayores dudas que existen sobre sus resultados en las pruebas de esfuerzo que se conocerán el viernes.