Ayer por la mañana, el consejero delegado de Banco Popular, Jacobo González-Robatto, dejó entrever que esperarían a final de año para ver si aparecía alguna oportunidad de comprar cajas porque es entonces cuando el Banco de España pondrá a la venta las que "intervenga" en los próximos meses. En el primer momento, esa frase parecía una explicación exagerada del proceso de recapitalización que acabará a final de año.

Por la tarde, se vio que no era una frase fortuita y, mucho menos, una exageración. El Banco de España anunció la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la sustitución de sus administradores para proceder a su recapitalización, reestructuración y venta en los próximos meses. Es la tercera intervención que ejecuta desde que se inició esta crisis (antes fueron las de CCM y Cajasur). Pero en este caso hay una gran diferencia: se trata de una gran caja, la cuarta de mayor tamaño antes de que empezara la crisis y la octava una vez que se han realizado las fusiones. Tiene unos activos de 69.401 millones de euros, que suponen más del 5% del sector, lo que de alguna manera puede afectar a la solidez del conjunto. En los casos anteriores, representaban el 0,6% de los activos, con lo que eran inocuas para el resto. Ahora, una vez que la mayoría de las entidades están fortalecidas o en marcha su recapitalización, la situación tampoco debería contagiarse a otras entidades, pero la cuestión es mucho más peligrosa, admite un directivo de una de las cajas convertidas en bancos, que recuerda que el sector financiero vive de la confianza de los depositantes.

Para solucionar cuanto antes la situación, la CAM recibirá 2.800 millones en ayudas públicas, lo que elevará su solvencia a un nivel superior al 10% y al tiempo podrá disponer de una línea de liquidez de 3.000 millones con la que hacer frente (en el hipotético e improbable caso de que ocurriera) a la salida de depósitos.

A excepción de la línea de liquidez, que previsiblemente no será utilizada, el dinero que recibirá la caja en ayudas será el que estaba previsto cuando en marzo pasado se determinó su nivel de solvencia. Desde entonces, la caja ha intentado encontrar inversores privados para disminuir al mínimo la entrada de fondos públicos y llegó a alcanzar un acuerdo con el fondo estadounidense JC Flowers (que invertiría 800 millones), pero el Banco de España no lo vio con buenos ojos y su entrada no se materializó.

Ante eso, el supervisor exigió en la tarde del jueves a la CAM que presentara un plan de recapitalización alternativo, a lo que la caja contestó que no veía otra salida que la intervención y la sustitución de los administradores para que entrara el dinero público. Esta fórmula es una de las incluidas en el real decreto de capitalización de las cajas, pero no era la vía que se esperaba. Lo previsto era que el FROB valorara la caja (un proceso que está en marcha desde hace semanas) y que tomara el control de la participación que le correspondiera, por encima del 80%, aunque sin intervenir la caja ni quitar a sus administradores. Sólo se haría con el nombramiento de consejeros.

De hecho, la fórmula prevista para el resto de cajas que esperan dinero público sigue siendo esa: la entrada del dinero del FROB pero sin necesidad de intervención ni cambio de gestores. En esa situación están Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja España-Duero. En el Banco de España explican que todas las fórmulas están previstas en el real decreto y que en cada caso se acometerá la que sea necesaria. Antes de final de septiembre se resolverá el resto.

La entrada de capital público en la CAM estaba previsto para finales de junio o principios de julio. La espera hasta ayer no ha sido casual, explican en el sector. No convenía una intervención en un momento en el que España estaba en la picota de los mercados, y cuando Bankia y Banca Cívica tenían que salir a Bolsa. Superados los debut de ambas entidades y cuando parecía que había acuerdo en Europa, ya mejoraba mucho la situación para anunciar una decisión tan difícil. Y para reducir los riesgos de pánico entre los clientes, tienen a su favor la existencia de un fin de semana largo en varias comunidades.

La CAM empieza hoy mismo a funcionar como banco y por eso hoy mismo el FROB podrá inyectar el dinero que necesita. Dentro de unos días, una vez que se haya concluido la valoración de la caja, se sabrá qué parte de su capital pasa a ser propiedad del fondo de ayudas públicas. Pero, al margen del número de consejeros que le correspondan, el fondo pasa desde hoy a ser el gestor de la entidad.

Para ejercer esta labor, ha nombrado a José Antonio Iturriaga Miñón, a Tomás González Peña (ambos fueron interventores de Cajasur) y a Bernicio Herranz Hermosa. Son expertos en banca y auditoría. Su labor consistirá en analizar el interior de la CAM, en reorganizarla y en ordenarla para ponerla a punto para su venta.

La colocación debería realizarse en los próximos meses. Cuando se rompió la fusión con Cajastur y el Banco de España pulsó la posibilidad de que alguna otra entidad la comprara, mostraron su interés por ella tanto Banco Santander (a través de Banesto), como BBVA o Unicaja. De partida, en el sector financiero se da por hecho que quien más opciones tiene para ganar la subasta es Banco Santander.

La CAM no llega a esta situación limpia de polvo y paja. En diciembre recibió una inspección del Banco de España y recibió un acta que le obligó a elevar en más de mil millones su cifra de morosos. La última tasa publicada es del 8,54%.

La entidad ha llegado hasta aquí después de varias fusiones fallidas. Lo intentó con Caja Murcia y con BBK, pero quiso mandar y no logró un acuerdo. Después lo consiguió con Cajastur, Extremadura y Cantabria, pero se rompió in extremis. Su empeño por dirigir le ha llevado a la peor de las situaciones posibles.

La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, destacó que la intervención se ha producido a petición de la caja y no tendrá "en absoluto" efectos en los mercados. El secretario general de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, pidió que estos procesos se aprovechen para crear una banca pública, y el secretario de Organización de Comfia-CCOO, Benito Gutiérrez, reclamó la garantía del empleo.