La propuesta de financiación de Catalunya, que a grandes rasgos está incluida en el Estatut y por tanto es ley, busca poner un poco de orden en un sistema que ahora arroja unos resultados que juzga “erráticos, desincentivadores y opacos”.

Para ello el gobierno catalán acude a un concepto, el de nivelación parcial, que se usa con normalidad en la mayoría de estados federales, como Alemania o Canadá. Se trata de fijar unos estándares mínimos de estado del bienestar que cualquier ciudadano español, viva donde viva, debe de estar en condiciones de recibir. Para la Generalitat ese mínimo debería incluir la educación, la sanidad y otros servicios esenciales. El sistema, pues, debe asegurar ese mínimo y, a partir de ahí, cada comunidad debe esforzarse por conseguir los recursos para financiar el resto de políticas.

El objetivo es conseguir una igualdad real de recursos entre todas las comunidades, que el sistema actual no garantiza. Actualmente la Junta de Extremadura dispone de unos 2.500 euros por habitante, mientras que, por ejemplo, el Govern balear sólo tiene 1.600 para financiar los mismos servicios sociales.

Pero, ¿cómo calcular las necesidades de gasto de cada cuál? Aquí el gobierno catalán coincide con otros en que la variable básica debe de ser la población, pero también hay que incluir otras como el peso de la nueva inmigración o el nivel de precios. Su argumento es que contruir una escuela en Catalunya cuesta más que en otros sitios porque todo es más caro.

Otro criterio que se incluye en el Estatut es que Catalunya no puede bajar puestos en el ranking de ingresos disponibles después de aplicar los mecanismos de nivelación, como pasa ahora. Lo contrario, dicen, resulta desincentivador porque no premia el esfuerzo.

¿Y de dónde tiene que salir el dinero que falta? Pues del Estado, que tiene superávit.