Por Carlos Ruano

El Tribunal de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid acordó el martes suspender indefinidamente el juicio contra el empresario César Alierta y su sobrino, Luis Placer, al objeto de estudiar las cuestiones previas presentadas durante más de tres horas por la defensa y la Fiscalía.

"El Tribunal necesita una suspensión del acto oral del juicio para decidir sobre las cuestiones previas (...) se notificará nuestra decisión cuanto antes", dijo el martes la presidenta del tribunal, Manuela Carmena.

El fiscal ha pedido cuatro años y medio de cárcel para el actual presidente de Telefónica y cuatro años de prisión para su sobrino bajo un supuesto uso de información privilegiada cuando Alierta era presidente de Tabacalera en 1997.

Con Alierta y Placer sentados en el banquillo por primera vez desde que en 2002 el caso saltase a los tribunales, los abogados defensores argumentaron durante más de dos horas que los presuntos delitos objeto de juicio habrían prescrito y solicitaron el sobreseimiento de la causa tras repasar extensamente las anteriores decisiones judiciales y argumentar también que la causa no afectaba al interés general.

Por su parte, el fiscal, que horas antes de la celebración de la vista se quedó solo en su lado del banquillo tras la retirada de la acusación particular en el último momento, defendió la necesidad de celebrar juicio y rechazó los argumentos esgrimidos por la defensa afirmando que no hay "ninguna causa de nulidad".

la asociación de consumidores Auge - en la que anunciaban que desistían de sus pretensiones.

"El asiento que ocupa ahora mi casco, debería ser ocupado por una pérdida nada lamentable ni sorprendente", esgrimió el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, en relación a Auge, para añadir que, pese a la retirada de la acusación particular, la fiscalía seguiría adelante al entender que el caso afecta a los intereses generales.

"Solicito una condena por unos delitos que, con su conducta, dañaron la credibilidad en el mercado de valores", dijo Luzón.

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid - ordenó la reapertura del caso.

"Debe darse cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo", dijo el martes el fiscal, que acusa a Alierta y a su sobrino de haber obtenido un beneficio de 1,86 millones de euros con la compra de acciones de Tabacalera usando información reservada.

La defensa de Alierta y Placer, que siempre rechazó tajantemente estas acusaciones, argumentó también el martes que el caso ya fue objeto de investigación por parte del regulador bursátil (CNMV) sin que detectase irregularidad alguna.

Sin embargo el fiscal afirmo que la CNMV no fue suficientemente diligente en el proceso.

"La CNMV tiene unas potestades (...) no coinciden con las de una investigación penal (...) la CNMV tuvo una actuación manifiestamente mejorable", dijo el representante del Ministerio Fiscal para calificar posteriormente la investigación de "limitada y defectuosa".

Judicialmente, el caso se inició en 2002 a expensas de una querella de la asociación de consumidores Auge (ahora retirados). A finales de aquel año, la fiscalía general del Estado negó la existencia de información privilegiada y posteriormente el juzgado de primera instancia no admitió a trámite la demanda de la asociación de consumidores por considerar que no había delito.