El Tribunal de la UE ha confirmado este miércoles las sanciones a España por el fraude en las ayudas al lino, cometido entre 1996 y 2000. "La corrupción generalizada" que la justicia comunitaria consideró definitivamente probada reventó el mandato de la antigua ministra de Agricultura en la primera legislatura del Partido Popular, Loyola de Palacio, que ocupó la cartera desde 1996 a 1999, justo antes de ser la cabeza de lista del PP para las europeas de ese año.

Entonces, Palacio tachó el escándalo como "un montaje electoral del PSOE" para desestabilizarla. Dos años después, como vicepresidenta de la Comisión Europea, acudió a la Audiencia Nacional para que investigase los hechos.

España tendrá que devolver casi todo lo que en 2005 le reclamó Bruselas: 129 de los 134 millones. Los jueces comunitarios rebajaron en cinco millones, enmarcados dentro de las ayudas al cáñamo, la factura total por el fraude por considerar que las acusaciones del Ejecutivo comunitario iban demasiado lejos.

La trampa

La sentencia desmonta las tesis que sostuvo firmemente el primer equipo de gobierno de Aznar. Los productores de lino fraudulentos se sirvieron de unas ayudas comunitarias que originalmente no tenían en cuenta la cantidad producida, sino sólo la superficie dedicada, e hicieron aumentar el suelo dedicado a la planta de 46.613 hectáreas en 1996 a 92.202 en 1998. Todo ello con un único objetivo: "la obtención de la ayuda", asegura el texto.

España tendrá que devolver casi todo lo que en 2005 le reclamó Bruselas: 129 de los 134 millones

Los agricultores de cuatro comunidades se sirvieron del socorro europeo a un sector entonces amenazado por las importaciones rusas, utilizando "prácticas abusivas" e ignorando "la inexistencia de salidas comerciales", según señala el Tribunal. Y todo sin el menor control del Gobierno, entonces del PP, encargado de supervisar el uso que se hacía del dinero comunitario.

Sin embargo, la presión sobre Agricultura hizo dimitir a dos altos cargos, que se habían beneficiado de las ayudas: el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Nicolás López de Coca, que repartía las ayudas, y Gonzalo Ruiz, director financiero de Mercasa, una empresa pública.