Un total de 54 profesionales integran la primera dotación embarcada en los atuneros españoles que faenan en aguas del Índico para prevenir la amenaza de las mafias del abordaje, disparada tras el secuestro del Alakrana.

La legislación no permite emplear militares para proteger a las tripulaciones y razones operativas alegadas por Defensa también desaconsejan su despliegue. Este fin de semana han comenzado a trabajar. Perciben 3.800 euros netos al mes. Su empresa recibe 9.500 por cada uno de ellos. Los armadores pagan el 50% del coste. Los gobiernos central y vasco asumen a partes iguales la otra mitad.

"Es un suicidio laboral", denuncia el portavoz de un sindicato de escoltas

¿Son suficientes?

No, según algunos profesionales de seguridad.

Cada atunero embarca a cuatro vigilantes repartidos en turnos de dos. Este número es claramente insuficiente, según Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (Ases), quien recuerda que el buque cablero Teneo, que ha trabajado para Telefónica en la zona, embarcaba a siete agentes. Este número sería el "mínimo óptimo" a su juicio, para proteger buques con más de 100 metros de eslora, accesos muy vulnerables y bordas muy bajas, que facilitan el trabajo de los marineros pero también un asalto.

Los vigilantes embarcados pertenecen a la empresa Segur Ibérica. Un portavoz de la compañía rechazó valorar su trabajo "por razones de seguridad", justificación que emplean también Defensa y los armadores para no facilitar más detalles del operativo.

¿Están bien preparados?

El sector lo duda. Defensa y la empresa creen que sí.

Defensa ha cooperado al máximo en la rápida preparación de los 54 escoltas destinados al Índico. Todos han recibido un curso de instrucción de 72 horas en una base de la Armada en Cartagena "y todos cuentan también con adiestramiento militar previo", como destaca Gabriel Blázquez, de CCOO, presidente del comité de empresa de Segur Ibérica. "La formación es la que exige Defensa", subraya. La disposición que recoge las condiciones de su trabajo recoge la obligación de los vigilantes estén "debidamente habilitados y adiestrados en el manejo de armas de guerra".

Su experiencia previa "en cuerpos de élite" acredita, según Blázquez, una preparación que cuestiona Francisco Lahiguera, de Alternativa Sindical, sindicato profesional con 4.200 vigilantes afiliados: "No podemos ir con formación escasa, deprisa y corriendo; es un suicidio laboral". El responsable del sector de seguridad de UGT no atendió la llamada de Público.

El presidente de ASES acaba de coordinar un curso de siete días en Tarragona a bordo de un atunero en parada técnica. "Es la duración mínima indica y ha habido días en los que han trabajado 24 horas seguidas, sin dormir, para aprovechar el poco tiempo".

No pueden detener a los piratas, sólo retenerlos hasta que llegue la Armada

Los vigilantes carecen, además, de la cartilla del mar que expide la Organización Marítima Internacional, dependiente de la ONU, y es obligatoria para el personal embarcado, ya que acredita unas capacidades mínimas a bordo, también en situaciones de riesgo. Un subterfugio legal cubre esta carencia. No se exige al personal que ejerce tareas técnicas puntuales como, por ejemplo, reparaciones.

¿Cómo intervienen?

No pueden detener y abren fuego bajo su responsabilidad

Los vigilantes "harán un uso limitado de este tipo de armas [de guerra], que tendrá como único objeto la prevención y disuasión eficaz de posibles ataques", establece el reglamento reformado por el Gobierno para adecuarlo a esta misión. La ley obliga a los escoltas a usar la fuerza "de forma adecuada y proporcional".

Ante una agresión, los vigilantes pueden abrir fuego bajo su responsabilidad, que no comparten los armadores ni Defensa y sí, de manera subsidiaria, la empresa de seguridad que los paga. "Esperemos que no ocurra", confía su representante sindical, quien admite que "no tiene claro" qué puede ocurrir si causan una baja entre un grupo de asaltantes.

Su protocolo de actuación ante un ataque exige como primer paso comunicar la amenaza inminente a los responsables de la operación Atalanta contra la piratería y advertir a los agresores de que hay personal armado a bordo. Si persisten en su intención de abordar el buque, los escoltas pueden actuar en las mismas circunstancias que cualquier vigilante en España, en legítima defensa y con proporcionalidad. No pueden atacar, pero sí defenderse.

Los vigilantes no están habilitados para detener a los piratas, ya que no son agentes de la ley. Sólo pueden retenerlos igual que cualquier ciudadano hasta que llegue la autoridad, en este caso las dotaciones militares que forman parte del operativo militar desplegado por la UE.