Emilio Suñé (Maçanet de la Selva, Girona 1957), es autor, junto a otros colegas, de la Constitución del Ciberespacio, una declaración universal de los derechos humanos en Internet. El también director de postgrados en derecho informático de la Universidad Complutense de Madrid ha participado recientemente en la II Convención Internacional de Derecho Informático, Electrónico y de las Comunicaciones celebrada en Oviedo y organizada por Asimelec. Allí defendió la utopía de una nueva era basada en la sociedad de la información.

En su conferencia, habló del peligro del control de la Red. ¿Quién la controla?

Directa o indirectamente, EEUU. En general, se mantiene la ficción de que los organismos internacionales relacionados con la Red son entidades privadas. Pero tienen su domicilio en suelo estadounidense. Esto significa que están sujetas al derecho de ese país.

¿Que pretenden con la Declaración de Derechos en el Ciberespacio?

En Internet cada día hay más relaciones sociales, cada vez es más real y menos virtual. Este nuevo mundo hay que regularlo, pero de forma democrática, protegiendo los derechos humanos. Hay que evitar que la libertad sea aplastada por una concentración del poder.

¿Hay derechos específicos del ciberespacio?

La brecha digital, sin ir más lejos. La antigua división entre ricos y pobres palidece ante la nueva que se está fraguando entre los que tienen acceso a la información y, por lo tanto, al conocimiento, y aquellos que están excluidos.

Pero, ¿no es más importante tener luz que Internet?

El núcleo de la economía es hoy la economía del conocimiento. Atraviesa los sectores tradicionales, sin ella no hay avance. Si una sociedad o grupo está fuera de la economía del conocimiento, está fuera de la economía.

En la Declaración se habla del libre acceso a la información frente a otros derechos. ¿Hay jerarquía de derechos?

Ahora los gobiernos están primando la propiedad intelectual. Debe protegerse la creación, pero no sobre el derecho al acceso a la cultura. Más del 90% de las personas están contra el canon digital y no se tiene en cuenta su opinión. ¿Cómo es posible esto en una democracia? Lo deseable es, en caso de contradicción de derechos, buscar un equilibrio.

¿La Agencia de Protección de datos puede exigir la identificación de la dirección IP de un ordenador?

De una IP, sí; pero cuando se trata de entrar en el contenido de la información, la Constitución española exige la intervención del juez. Debería ser un principio universal, pero se está yendo a una administrativización que está dejando muy mal la libertad ciudadana.

¿Como en Francia?

Francia y su influencia son el problema. Sarkozy está casado con una artista, ¿es neutral Sarkozy?

¿Es una perversión jurídica crear una relación única entre una dirección IP y la identidad de una persona?

Esto es espionaje electrónico. Tenemos derecho al anonimato en la Red y, si cometemos un delito, que nos busquen. Se trata de una extralimitación del poder.

¿Le preocupan los nuevos poderosos, como Google?

Ese es uno de los mayores peligros actuales. El acuerdo entre Google y China, por ejemplo, es el típico ejemplo de la alianza entre monopolios y tiranías.

Ha alertado sobre los liberticidas de Internet. ¿Quiénes son?

Internet es un ámbito abierto, con posibilidades para la libertad, por eso intentan controlarla. Los liberticidas no están sólo en los regímenes formalmente totalitarios o los grandes monopolios privados. El programa carnivore o el Infopol son de EEUU y Europa.

¿Como se compagina la lentitud del derecho con la rapidez de la sociedad de la información?

Ha habido leyes que han nacido viejas. ¿Por qué no ha nacido otro Garrigues en el mundo del derecho mercantil o un Villar Palasí en el administrativo? Probablemente, porque el derecho ya no está ahí. El derecho debe ir de la mano de la sociedad. Y esta ya es la sociedad de la información. Tenemos que darnos cuenta de una vez que la innovación jurídica está en el derecho informático.

En su conferencia, ha reivindicado la utopía. ¿A qué se refiere?

Una utopía es un nuevo paradigma. Imagine una democracia basada en un principio de ciudadanía universal con competencias en aquellas materias características del ciberespacio, protección de datos, secreto de las comunicaciones, comercio electrónico... Y una entidad política que ni siquiera necesitaría contar con una sede física. Es una utopía muy grande, pero racionalmente creo que por ahí ira la sociedad de la información.