La supresión de la limitación de los derechos de voto en las empresas, una medida que afectará a grandes cotizadas como Iberdrola y Repsol, fue pactada hace quince días por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida.

Así lo desveló hoy el portavoz de CiU en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja, Josep Sánchez Llibre, tras la aprobación de la supresión de los denominados "blindajes" empresariales, con los votos a favor de PSOE y CiU, la abstención de PP y Grupo Mixto, y el rechazo de los grupos del PNV y ERC-IU-ICV.

Llibre afirmó que el acuerdo alcanzado por Zapatero y Duran Lleida es "sagrado" y, por tanto, el pacto se mantendrá en la tramitación de la norma en el Senado, donde el grupo socialista seguirá estando en minoría.

La enmienda, incluida en el texto de reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, establece que "serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente", establezcan una limitación del derecho de voto.

Las sociedades que cuenten en la actualidad con estos blindajes en sus estatutos, como es el caso de Iberdrola o Repsol, tendrán "un año desde la publicación de esta Ley en el BOE" para adaptarse a la nueva normativa.

Asimismo, se establece que las sociedades que empiecen a cotizar en bolsa deberán eliminar de sus estatutos las limitaciones a los derechos de voto "en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de admisión".

La portavoz del PSOE, Marta Gastón, reiteró que la prohibición de los blindajes no lleva "ni nombres ni apellidos", sino que busca asegurar la proporcionalidad entre el número de acciones y de votos, en línea con la legislación de otros países europeos y del propio programa electoral de su partido.

Por su parte, el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, recordó que, "obviamente", la norma tendrá más recorrido en el Senado y subrayó que el objetivo de su partido es "cuidar el interés de los accionistas minoritarios y que no pierdan capacidad operativa de presencia en la gestión" de las sociedades, así como "guardar atención" sobre "potenciales adquisiciones" de empresas españolas por parte de inversores extracomunitarios.

De hecho, el PP presentó hoy una enmienda "in voce" -finalmente rechazada- para establecer un proceso de "verificación" por parte del Ministerio de Industria en los casos en los que un inversor extracomunitario se hiciera con el 25 por ciento de los derechos de voto de una compañía española.

Además, buscaba limitar las posibilidades de concertación de grupos de accionistas, que en tal caso se verán obligados a lanzar una opa, siempre que superen el 30% del capital.

Sánchez Llibre dejó abierta la posibilidad de que su grupo apoye en el Senado la enmienda popular, después de haber votado en contra en el Congreso por falta de tiempo para estudiarla.