Australia aprobó este martes un novedoso y polémico impuesto sobre los gases de dióxido de carbono para combatir el cambio climático. El conjunto de 18 medidas fue aprobado en el Senado con 36 votos a favor y 32 en contra, tras un largo y duro debate causado por este gravamen, que el Gobierno laborista de la primera ministra Julia Gillard considera uno de los pilares de su política. Tras conocer el resultado de la votación, Gillard dijo en Camberra que se trata "de un importante hito en los esfuerzos de Australia para frenar la contaminación por emisión de carbono y aprovechar las oportunidades económicas y laborales del futuro".

A partir del 1 de julio de 2012, el medio millar de compañías de Australia que se sitúan entre las que más contaminan, la mayoría de los sectores eléctrico, minero y energético, tendrán la obligación de pagar un impuesto de 23 dólares australianos (17,3 euros) por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan a la atmósfera.

La cuantía de dinero que las empresas deberán pagar al Estado por este concepto aumentará gradualmente hasta julio de 2015, año en que se aplicará un sistema de comercio de emisiones similar al que está en vigor en la Unión Europea, basado en que sea el mercado internacional el que establezca los precios. El precio por emisión fijado en Australia es hasta ahora el más alto del mundo, ya que en los países de la UE pagan un máximo de 12,60 dólares australianos (9,5 euros) por tonelada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. El ministro para el Cambio Climático, Greg Combet, explicó que la crisis en Europa ha causado un descenso de los precios de las emisiones contaminantes y confió en que se estabilicen en los próximos años.

Con esta medida, Australia pretende recortar sus emisiones en 160 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo cual significa reducirlas en un 5% en relación con los niveles de 2000. Australia, cuya densidad de población es relativamente baja, es responsable del 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero.

El líder de la oposición, Tony Abbott, señaló en un comunicado que "Gillard y el Partido Laborista han confirmado legalmente su traición al pueblo australiano" y se comprometió a derogar la ley si gana los comicios en 2013. "Mientras más tiempo esté vigente este impuesto, peores serán las consecuencias para la economía, los trabajos y las familias", apuntó Abbott.

Para mitigar el efecto de la medida en los consumidores por el traslado de estos costes a la factura de la electricidad entre otros productos de primera necesidad, el Gobierno destinará la mitad de los ingresos que recaude a financiar incentivos tributarios y diversas ayudas sociales. Además destinará unos 9.200 millones de dólares australianos (6.926 millones de euros) en los primeros cuatro años a ayudar a las industrias contaminantes, que tendrán que competir con otras empresas extranjeras exentas de pagar el citado impuesto.

En España, Equo plantea en su programa para las elecciones del próximo 20 de noviembre la creación de esta misma tasa "para luchar contra el cambio climático, la dependencia energética y el déficit de nuestra balanza de comercio exterior".