Miguel Ferré era director de la Estación Biológica de Doñana la madrugada del sábado 25 de abril de 1998 cuando se rompió la balsa de decantación de la mina que Boliden Apirsa SL tenía en Aznalcóllar (Sevilla). "Se me cayó encima", es su respuesta inmediata cuando lo recuerda. Pero después se muestra orgulloso de cómo evitaron que el vertido de lodos tóxicos se convirtiese en la tragedia medioambiental que pudo ser y no fue.

Lo primero fue detener el avance de las aguas contaminadas. Ese mismo día se paró la mina, se construyeron muros y espigones de contención y se impermeabilizaron las conexiones con las zonas agrícolas. El 27 de abril, la riada estaba controlada y la población puesta a salvo.

Luego hubo que que pasar a la recuperación del río Guadiamar. La decisión fundamental fue expropiar los terrenos afectados para convertirlos, una vez restaurados, en un corredor verde. Todo ello se hizo con la dirección de los científicos del CSIC, que montaron un comité de 90 expertos que 24 horas después del vertido pusieron un informe sobre la mesa de José María Aznar. "De cada diez medidas propuestas, la Administración ponía nueve en marcha", resume Ferré. Hoy el Corredor Verde del Guadiamar es un ejemplo internacional de recuperación de una zona contaminada.

No se puede decir lo mismo de la capacidad de exigir responsabilidades a la empresa Boliden, cuya primera medida fue desgajar su empresa española de la matriz sueca. Ello no le impidió cobrar una subvención de 8.000 millones de pesetas de la época tras el vertido y huir de España inmediatamente después. Se le reclaman 90 millones de euros gastados en la recuperación del Guadiamar.

El largo itinerario judicial comenzó por la vía penal, donde no se apreció delito, y siguió por las civiles y administrativas, donde tampoco hubo juzgado ni tribunal que asumiera la competencia. La Junta llevó el caso al Supremo, que debe decidir quién es competente.