El pleno del Congreso ha aprobado este jueves por 261 votos a favor, ningún voto en contra y la abstención de Vox, PNV y Junts la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, que incluye nuevas medidas que pretenden contribuir a mejorar la carrera investigadora, a retener y atraer talento y a agilizar la transferencia del conocimiento científico para que redunde en beneficio de la sociedad.

"Es un día histórico. Todo el mundo tenemos algún compañero o familiar cercano que ha tenido que irse en esta última década de su país porque le daba la espalda. Estamos hablando de una generación, la más talentosa, que no tenía espacio en su país. Esto nos ha convertido en un país menos competitivo para afrontar las dos crisis recientes", ha celebrado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en unas declaraciones realizadas en el patio del Congreso. 

Asimismo, además de destacar el consenso político generalizado en torno a la norma, "algo complicado en estos tiempos", la titular de Ciencia ha señalado que, a partir de ahora, España ya no será "compradora" de innovación y conocimiento sino "generadora".

El PSOE decidió este miércoles retirar el voto particular que había presentado contra alguna de las enmiendas que se han incorporado al texto durante su tramitación parlamentaria, relacionadas con las actividades de investigación que se hacen en los hospitales, y el texto saldrá hoy previsiblemente de la Cámara Baja sin ningún voto en contra.

Durante los cuatro meses de tramitación en el Congreso, el proyecto ha incorporado algunos cambios en el texto que remitió el Gobierno; entre éstos destacan los referidos a las labores de investigación en el ámbito hospitalario, que ponen el acento en la importante labor que se realiza en los hospitales, en los que, además de numerosos ensayos clínicos, se investigan muchos aspectos de la fisiología y la enfermedad.

La ley pretende que el conocimiento científico oriente las medidas que se deben implementar para afrontar algunos de los grandes desafíos, como el cambio climático, la transición ecológica y energética, la digitalización o el reto demográfico.

Las modificaciones que planteó el Gobierno ponen el acento en las carencias relativas a la carrera y el desarrollo profesional del personal investigador, en la necesidad de mejorar la transferencia de conocimiento y los resultados de la actividad investigadora, en reducir la carga burocrática de la investigación y en reforzar la colaboración entre el sector público y el privado.

Para lograr esos objetivos, la ley incluye una nueva modalidad de contrato indefinido para personal de investigación, técnico y de gestión, y el compromiso de una financiación pública creciente de la I+D+i hasta converger con Europa, para lo que se fija como objetivo una inversión pública del 1,25% del PIB en el año 2030 (ahora está en el 0,58%).

Críticas a la ley

A pesar del amplio consenso político, varias sociedades científicas (la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer o la Fundación ECO para la Excelencia) han asegurado que ésta "no es la ley que España necesita" y han reclamado una revisión integral del texto o su retirada.

En el mismo sentido, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, ha criticado que la mayoría de las enmiendas que se habían presentado para mejorar las condiciones laborales del personal investigador se hayan rechazado, y ha convocado una concentración hoy frente al Congreso coincidiendo con la votación del proyecto en el pleno.