El Consejo Constitucional francés declaró ayer contrarios a la Constitución los principales artículos de la ley antidescargas de Nicolas Sarkozy. Su resolución, apoyada en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, quita a la Hadopi, una autoridad administrativa nacida de esta ley, la capacidad de sancionar a los internautas que compartan archivos. Sólo un juez podrá impedir a un ciudadano el acceso a Internet.

Los miembros de la alta instancia constitucional han estimado que este acceso a Internet forma parte de un derecho fundamental. Como se puede leer en la resolución: 'La libertad de comunicación y de expresión, enunciada en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ha sido objeto de una constante jurisprudencia protectora por parte del Consejo constitucional'. Y añade: 'Esta libertad implica hoy, teniendo en cuenta el desarrollo generalizado de Internet y su importancia para la participación en la vida democrática y la expresión de las ideas y opiniones, la libertad de acceder a los servicios de comunicación en línea'.

Así las cosas, el Consejo declara contrario a la Constitución que un órgano administrativo coarte este derecho. 'Corresponde a la Justicia pronunciar una sanción cuando quede probado que hubo descargas ilegales', puntualiza. Así, la alta autoridad Hadopi sólo podrá enviar correos de advertencia al internauta, pero nunca desconectarlo de la Red.

A demanda de los diputados socialistas y tras una larga batalla parlamentaria, el equivalente del Tribunal Constitucional español debía examinar si la Ley Creación e Internet, impulsada por Nicolas Sarkozy y por su esposa, la cantante Carla Bruni-Sarkozy, era compatible con la Constitución de la V República francesa. Y, a tenor de su dictamen, no lo es por varias razones.

Además de condenar la desconexión por parte de la Hadopi, los sabios del Consejo Constitucional, entre los que se cuentan los ex presidentes Jacques Chirac y Valéry Giscard dEstaing, censuraron también una extraña figura jurídica que creaba esta ley. Como era el internauta el que debía demostrar que no había descargado nada ilegal, se instauraba una presunción de culpabilidad contraria al derecho francés.