Ya existen en Brasil casos que alimentan el escepticismo de vecinos y ecologistas. Uno de ellos es la central de Estreito, sobre el río Tocantins, en el estado homónimo, también en la región amazónica. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de 'modélica' la tercera mayor central del país, que cuando esté a pleno rendimiento podrá generar 1.087 MW de energía.

En 2002, ganó la licitación del proyecto, con un presupuesto de 4.000 millones de reales (unos 1.700 millones de euros), un consorcio de empresas de la talla de Camargo Corrêa, Vale o Suez. Pese a tratarse de algunas de las mayores empresas del país, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) financió el 60% de esa suma.

Sin embargo, según las estimaciones del Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), en apenas siete años el consorcio recupera toda la inversión, mientras que la concesión es por 35 años. Es decir: durante 28 años, todo el lucro será para las empresas privadas.

Pese a ello, el proyecto tuvo poco de idílico para quienes vivían en esa área antes de las obras. Los movimientos sociales denuncian que se manipuló a los afectados, que el consorcio empresarial no cumplió lo prometido y que, en lugar de buscar un reasentamiento colectivo, los afectados recibieron compensaciones económicas individuales y mínimas: años después, muchos de ellos todavía están sin techo. A algunos no se les reconoció como afectados y se quedaron sin nada; a otros se les trasladó a reasentamientos sin las mínimas infraestructuras, ni siquiera agua potable, y así siguen todavía hasta el día de hoy.

Sólo sobre el río Tocantins, el Gobierno de Dilma Rousseff prevé construir once grandes hidroléctricas, y otras seis sobre el río Araguaia. Contando los afluentes, serán cerca de 40 centrales en la región.