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El Gobierno inunda Daimiel con euros

Parques Nacionales saca pecho por el estado de Las Tablas y lo atribuye a la compra de 1.560 hectáreas a los agricultores

MANUEL ANSEDE

El Gobierno está regando con euros Las Tablas de Daimiel, el santuario natural de Ciudad Real que a punto estuvo de perder la etiqueta de Parque Nacional en 2009, cuando el humedal se transformó en un secarral y se declaró un incendio subterráneo que convirtió la tierra en un brasero. Ahora, esta política, basada en la compra de fincas del entorno del parque para prácticamente arrebatar las mangueras a los agricultores, está empezando a mostrar resultados por primera vez, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Público.

La superficie encharcada en septiembre de 2010 alcanzó las 1.075 hectáreas, el doble que en el mismo mes de 2004 y 1997, dos años en los que se registraron las mismas lluvias en el entorno del parque. "Tenemos el doble de agua acumulada gracias a la adquisición de fincas", presume la directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales, la veterinaria Olga Baniandrés.

El Estado ha gastado 24 millones de euros en fincas desde el año 2000

Desde el año 2000, los diferentes gobiernos del PP y del PSOE han comprado 1.560 hectáreas en las cercanías del Parque Nacional, rescatando casi 4,2 hectómetros cúbicos (4.200 millones de litros) en derechos de agua que tenían los agricultores propietarios de las tierras. "Ahora vemos por primera vez que esta inversión ha merecido la pena", explica Baniandrés. El Estado ha desembolsado 24 millones de euros para comprar fincas en Las Tablas, la mayor parte en época socialista. Un asesor del organismo lo resume sin rodeos diplomáticos: "Hemos revertido una situación dramática, con el Parque Nacional rodeado de señores que sacaban agua a mansalva".

Entre los años 2005 y 2009, el parque estuvo muerto. Las autoridades ordenaron dos sondeos de emergencia para poder extraer un poco de agua del acuífero y llenar diez hectáreas con el objetivo de atraer a algunos patos y poder mantener el número de visitantes, en torno a los 100.000 al año. Sin los sondeos, el parque hubiera estado completamente seco, como si fuera un olivar en lugar de un humedal. Hoy, hay unas 1.650 hectáreas encharcadas de las 1.920 que tiene el parque. Y en 2010 unos 400.000 visitantes se acercaron para ver el milagro de Las Tablas de Daimiel.

El ingeniero de montes Carlos Ruiz lleva una década al frente del Parque Nacional. Él es quien lidia cada día con los propietarios de los terrenos situados en la llamada Zona de Protección, un área de 5.400 hectáreas que rodea el parque. Hace tan sólo seis años, estas tierras estaban cubiertas por cultivos de regadío, sobre todo maíz y viñedos. El agua que en otro tiempo mantenía las poblaciones emblemáticas de nutria y pato colorado se desviaba al cultivo de la uva.

"El parque estaba rodeado de señores que sacaban agua a mansalva"

Finca a finca, como si fuera una guerra de guerrillas, el ministerio ha conseguido comprar el 30% de esa zona vital desde 2000. En los últimos años del Gobierno de José María Aznar se adquirieron 285 hectáreas. Desde 2004, con los socialistas en el poder, se ha acelerado esa política, sumando otras 1.275 hectáreas. Las últimas fincas, 16, con unas cinco hectáreas de media, se compraron hace un par de semanas.

"Este año hemos visto la recompensa a este trabajo de adquisición de tierras de regadío", reflexiona Ruiz. A su juicio, el punto de inflexión fue el año 2007, cuando, tras años de negociaciones cuerpo a cuerpo y con la mediación directa de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Estado compró a una familia de terratenientes la finca La Duquesa, un monstruo de 565 hectáreas pegado al Parque Nacional que por sí solo chupaba 2,3 hectómetros cúbicos al año. La operación costó 14 millones de euros al erario público.

Las adquisiciones han evitado la extracción de 4.200 millones de litros

Ya no quedan fincas tan grandes en la Zona de Protección, lo que complica la tarea. Comprar un latifundio a un terrateniente cuesta el mismo papeleo y el mismo trabajo que comprar una hectárea a un pequeño agricultor. La burocracia se demora aproximadamente un año. "Todo el mundo en Daimiel y Villarrubia de los Ojos sabe que compramos tierras. Cuando alguien quiere vender, viene al Parque Nacional. Tenemos que aprovechar cuando nos ofrecen comprar, luchando como hormiguitas, porque la estructura es minifundista", explica Ruiz.

Parques Nacionales paga 16.800 euros por cada hectárea y sus derechos de agua. "Dos millones ochocientas mil pesetas, que es la moneda que utilizamos aquí los hombres del campo", bromea Ruiz. El propietario, no obstante, puede vender sus tierras a quien quiera. El Estado no tiene derecho de tanteo en la Zona de Protección.

El Gobierno nunca ha intentado expropiar terrenos en los alrededores del Parque Nacional, por la "mala experiencia" de Doñana, según recuerdan en el ministerio. Allí, los propietarios expropiados llegaron al Tribunal Supremo, que les dio la razón. En Las Tablas, los acuerdos son voluntarios y se paga el precio de mercado. Cada euro invertido en tierras se somete al criterio de la Subdirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda.

Las lluvias hicieron innecesario el trasvase de emergencia

"Yo no he tenido ningún problema de dinero para comprar fincas, ni siquiera en época de crisis", señala Ruiz. La directora de Parques Nacionales subraya que para su organismo "la compra de fincas de regadío en Las Tablas seguirá siendo prioritaria en 2011, pese a los ajustes económicos".

El geólogo Miguel Mejías huye del triunfalismo. Investigador del Instituto Geológico y Minero de España, Mejías lleva 20 años estudiando la hidrogeología del río Guadiana, protagonista de Las Tablas junto al Gigüela. Históricamente, el agua subterránea manaba a la superficie formando los llamados Ojos del Guadiana. "En 1983 dejó de salir agua y así seguimos", recuerda.

En su opinión, la compra de fincas en torno al parque produce "un efecto positivo local, pero en el ámbito regional no es significativo". Mejías, que colabora con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, subraya que el acuífero 23, sobre el que se asientan Las Tablas, es un gigante subterráneo de más de 5.000 kilómetros cuadrados.

Los 4,2 hectómetros cúbicos de agua rescatados de las manos de los agricultores son irrisorios en un acuífero que entre 1980 y 2009 sufrió un vaciado de reservas de 3.000 hectómetros cúbicos, según los datos de Mejías. Gracias a las lluvias, con pocos precedentes, a partir del 20 de diciembre de 2009 se recuperaron unos 1.125 hectómetros cúbicos hasta octubre de 2010.

Las precipitaciones hicieron entonces innecesario el trasvase de emergencia aprobado por el Gobierno para apagar el incendio subterráneo. La tubería, que atraviesa 90 kilómetros de la llanura manchega desde el acueducto Tajo-Segura, costó unos nueve millones de euros junto a las perforaciones de emergencia para inundar los puntos de combustión bajo tierra.

Para Mejías, la compra de fincas "no es la solución final". El geólogo confía más en el Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por el Consejo de Ministros en 2008, que busca el uso sostenible de los acuíferos del Alto Guadiana. En 2011, los agricultores podrán extraer 220 hectómetros cúbicos de agua del acuífero 23. "En la década de 1990 se sacaban unos 500 hectómetros cúbicos cada año", recuerda.

Alberto Fernández, experto de WWF en aguas continentales, pide prudencia. "No hay que echar las campanas al vuelo. Las mejoras de este año no se explican por la compra de fincas, sino por las lluvias y por el aporte del río Gigüela y del cercano embalse de Peñarroya, en las Lagunas de Ruidera", opina. Su organización ecologista lleva años denunciando la existencia de miles de pozos ilegales alrededor de Las Tablas de Daimiel. Hoy quedan 10.000 en el acuífero 23, según WWF. "Hay que mirar lo que se está haciendo con más humildad", critica Fernández.

El principal refugio para el buitre negro, el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, es un caso muy diferente al de Las Tablas de Daimiel. En Extremadura, "el objetivo es que al menos el 50% del parque sea de titularidad pública", según la directora de Parques Nacionales, Olga Baniandrés. Monfragüe nació en 2007 con la mayor parte de sus tierras en manos privadas. Desde entonces, el Gobierno ha invertido 7,8 millones de euros para comprar más de 1.800 hectáreas. Alrededor del 42% del santuario ya es público. Más de la mitad, por tanto, sigue siendo privada. Los organismos públicos promueven en Monfragüe el cambio de eucaliptos plantados hace décadas por encinas y alcornoques.