En un contraataque frente a las acusaciones del PSOE, la Junta de Castilla y León ha anunciado que la peste de los ciervos "está remitiendo" y no hay peligro de que salte a los humanos o al ganado. El lunes, el procurador socialista Manuel Fuentes aseguró que algunos cadáveres "están siendo devorados por mastines y alimañas, con lo que el causante de esas muertes está pasando a la cadena alimentaria de los ecosistemas", y elevó a 300 el número de ciervos fallecidos en Zamora y León desde el 28 de julio, cuando se detectó el brote epidémico.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, admitió este martes que el goteo de muertes, causadas por una bacteria, continúa. Según sus cifras, 141 ciervos han muerto por la combinación de la ola de calor y la bacteria Pasteurella multocida en los últimos 20 días. El lunes se habló de 120.

El origen de la mortandad, desvelado el lunes por el Centro Nacional de Veterinaria de Algete (Madrid), es tranquilizador. El microbio vive de manera habitual en el tracto respiratorio de los ciervos y sólo es letal en condiciones de estrés, como las altas temperaturas. Para el ganado, además, existe una vacuna contra la pasteurelosis, aunque un pinchazo de antibiótico basta para matar la bacteria.

La viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta, María Jesús Pascual, insistió en que la enfermedad no afecta a los humanos, según informa EP. En una rueda de prensa en Valladolid, Pascual insistió en que los jugos gástricos de las personas son capaces de acabar con la bacteria. Por otro lado, declaró, la Pasteurella no resiste temperaturas superiores a 55 grados, por lo que también se destruye al cocinar la carne de ciervo.

Pese a la llamada a la tranquilidad de la Junta, el PSOE siguió este martes al ataque. El secretario de organización de los socialistas en Castilla y León, Pedro Muñoz, acusó al Ejecutivo autonómico, del PP, de "esperar a que manden los análisis del Gobierno para buscar soluciones a un problema que es competencia de la Junta". Sin embargo, los conservadores no podían actuar hasta recibir los resultados de los análisis del centro de referencia de Algete, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente.