El software libre está conquistando América. La oleada de triunfos de los partidos de la izquierda se está traduciendo, en el plano tecnológico, en la sustitución de los programas informáticos propietarios por otros de código abierto. A diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina los gobernantes creen que el único camino para impulsar la sociedad de la información como palanca para el desarrollo consiste en usar Linux. 

Desde el Brasil de Lula hasta la Venezuela de Chávez, se está produciendo una migración de Windows a Linux en la Administración, empresas estatales o escuelas. El ahorro de dinero que supone no pagar licencias por el uso de programas privativos no es el motivo principal del cambio. Las razones que esgrimen los distintos Gobiernos son la independencia tecnológica frente a las empresas multinacionales, la seguridad que ofrece el software libre al permitir ver su código y el interés en desarrollar una industria informática local.

La pasada semana, durante la Conferencia Internacional del Software Libre celebrada en Málaga, los responsables tecnológicos de distintos Gobiernos latinoamericanos compartieron sus experiencias y explicaron cómo marcha este movimiento que, con sus distintos ritmos y objetivos, parece difícil de parar.

Venezuela

Todos los equipos  que compre la Administración debe llevar software libre 

El más beligerante contra el software propietario quizá sea el Gobierno de Hugo Chávez. Desde que se aprobara el decreto 3.390 en diciembre de 2004, todo material informático que compre la Administración o las empresas estatales debe llevar software libre. El responsable del CNTI del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática del Gobierno de Venezuela, Carlos Figueira, destaca la soberanía e independencia tecnológica como razones para pasarse a Linux. Además, "el software libre propulsa un modelo de negocios basados en servicios, que favorece el desarrollo de industrias locales en detrimento de las grandes empresas", añade.

Ecuador

Este país, donde el presidente Rafael Correa lleva mucho menos tiempo en el Gobierno, ha seguido algunos de los pasos iniciados por su vecino venezolano. Así, la promulgación  del decreto persidencial 1.014 obliga a que todas las entidades públicas están obligadas a usar software libre.

Paraguay

El Gobierno del ex obispo Fernando Lugo (que llegó al poder en agosto pasado) no se puede permitir el lujo de pagar el coste de los programas propietarios. Lo explica el director de Políticas TIC del nuevo Gobierno, Nicolás Caballero: "Una licencia del XP vale 95 euros, lo mismo que una tonelada de soja. ¿Cuánta gente come con una tonelada de soja? ¿Y quién se beneficia de ese dinero? Una corporación que está quién sabe dónde. Deja de ser un problema tecnológico para convertirse en ético".

Brasil

"La gratuidad no es lo importante, lo es la independencia" 

El país carioca cuenta con una de las comunidades de hackers y desarrolladores de software libre más amplias del mundo. Por eso, cuando Lula llegó al poder ya se usaba GNU/Linux en la Administración. Desde entonces, el cambio se ha convertido en estratégico. En Brasil, como cuenta el Gerente de Innovaciones Tecnológicas del Gobierno de Brasil, Corinto Meffe, "la gratuidad no es lo importante, lo es la independencia". Brasil, que lleva más de una década apostando por los programas libres, ve en ellos una forma de reducir la dependencia frente a tecnologías de otros países.

Uruguay

En Uruguay, la neutralidad tecnológica tiene los días contados. La idea lanzada por la industria del software de que los Gobiernos deben ser neutrales en la elección de un sistema u otro es rechazada por el Partido Socialista. Su asesor, Fernando da Rosa, dice que están preparando un proyecto de ley que exigirá que los sistemas se basen en estándares abiertos. "Queremos que se produzca una migración segura, aunque quizás no rápida".

Cuba

Cuba no puede comprar licencias de software 

El Gobierno cubano sufre lo que la directora de análisis de la Oficina para la Informatización, Miriam Valdés, llama "el bloqueo informático". Cuba no puede comprar licencias de software. Además, tampoco puede descargar los programas libres albergados en páginas de EEUU. "Por eso la migración es estratégica", dice. En un país donde la asignatura de computación se da desde preescolar, el 96% de los sistemas estatales ya tienen software libre.

Velar por los derechos y libertades

Análisis de Carolina Grau, directora gerente de CENATIC

En la última década, numerosas tecnologías han aparecido para favorecer el desarrollo de la llamada "sociedad de la información". El software libre y de fuentes abiertas es, sin lugar a dudas, una de las tecnologías que más influencia está demostrando tener a la hora de favorecer dicho desarrollo, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas, condicionadas por su perfil de gestión de información y procesamiento de datos.

Las administraciones públicas necesitan estar atentas a los cambios e innovaciones que se producen en el sector del software, y han de fomentar su incorporación a la estructura de gestión para optimizar el servicio que presta al ciudadano y velar por sus derechos y libertades.
En este sentido, el software libre y de fuentes abiertas permite a las administraciones públicas cumplir con sus responsabilidades respecto a los ciudadanos, y es este tipo de software el que mejor se adapta a sus necesidades técnicas, tal y como reflejan numerosos informes, como es el caso del plan eEurope 2002 o el informe Software de fuentes abiertas para el desarrollo de la Administración Pública Española, publicado por CENATIC.

El significativo ahorro de costes, al no tener que pagar por cada copia de un programa, es uno de los motivos mas frecuentemente aducidos para la utilización de este tipo de software. Junto a éste, otros aspectos, como el libre acceso al código de los programas y la posibilidad de adaptarlos, modificarlos y eliminar progresivamente sus fallos, sin depender para ello del soporte exclusivo de una sola compañía (lo que además permite desarrollar el tejido tecnológico local), son poderosas razones en favor de su utilización en el ámbito de cualquier administración pública.

Otra motivación importante para su uso es el mayor nivel de seguridad que suelen exhibir estos programas respecto a las alternativas propietarias, al beneficiarse de un mayor número de revisiones de código. El apartado de seguridad es, en muchas ocasiones, determinante a la hora de decidirse por la utilización del software de fuentes abiertas en plataformas que almacenan y administración información sensible.