El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, por 331 votos a favor y una abstención, la admisión a trámite de la proposición de Ley, remitida por el Parlamento de Andalucía, para otorgar contratos laborales con alta en el régimen general de la Seguridad Social a los becarios de investigación, tanto pre como postdoctorales y en entidades públicas o privadas.

La propuesta, cuya luz verde en el cauce parlamentario se ha demorado varios años –es la proposición de Ley más antigua en el Congreso– iniciará un trámite con la formulación de enmiendas que podrían moderar el alcance del texto original. Así lo advirtió ante el pleno el portavoz del grupo socialista, Luis Tomás, quien dijo que “no es posible asumir sus contenidos en los términos actuales”.

Ante un hemiciclo casi vacío –que una hora después se llenaría para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial–, el diputado del PSOE en la cámara andaluza, José Luis Blanco, expuso los motivos de la proposición de Ley, que seguidamente fueron respaldados por el resto de representantes del Parlamento andaluz, José Enrique Fernández de Moya, del PP, y José Manuel Mariscal, de IU. Éste entregó al presidente de la cámara, José Bono, una naranja, símbolo que emplean los colectivos de jóvenes investigadores que afirman sentirse “exprimidos”.

Sospechas de aplazamiento

Aunque todos los grupos mostraron su apoyo a la proposición de Ley, con menciones de entusiasmo, no faltó la polémica, suscitada por varios de los portavoces que acusaron al PSOE de haber congelado la propuesta durante años en la mesa del Congreso. El representante popular, Gabriel Elorriaga, vaticinó que el Gobierno tratará de aplazar la tramitación posterior de la norma. Como respuesta, Tomás tachó al PP de practicar “la fe del converso”, ya que los populares se abstuvieron en la votación original en la Cámara andaluza. El diputado socialista arremetió también contra la primera fórmula del estatuto del becario introducida por el Gobierno del PP en 2003, calificándola de “raquítica”.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, llamó la atención sobre la “carrera de obstáculos” que hasta ahora ha supuesto la actividad investigadora, lo que en su opinión ha motivado una “escasez de investigadores”. Emilio Olabarría, del PNV, subrayó que las pólizas privadas suscritas por los becarios para suplir la falta de cobertura por la Seguridad Social “cuestan más al erario público que la integración en el régimen general”.

Tras la decisión del pleno, el Gobierno deberá elaborar en el plazo de un año un informe económico valorando el número de becarios afectados, con efecto hasta 1992, y el coste estimado de la aplicación de la norma.

 

Inversión del 2% PIB en I+D para 2010

El secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez, ha presentado hoy –durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso– su programa, que incluye la futura Ley de la Ciencia, el aumento de la inversión en I+D al 2% del PIB en 2010, la creación del modelo de carrera investigadora o la nueva agencia de evaluación, entre otras iniciativas. El secretario de Estado insistió en lograr para Bilbao la sede de la Fuente de Espalación de Neutrones.

Martínez también aseguró que la comisión española en la Agencia Espacial Europea estará integrada por representantes de los ministerios de Ciencia e Industria, zanjando así la controversia suscitada en días pasados entre ambos departamentos.